Andalucía pide que la Conferencia de Presidentes no se convierta en una sucesión de monólogos

Por ese motivo, la Junta de Andalucía ha propuesto que se aborde un cambio en el formato de la reunión que permita la toma de decisiones de manera acordada. Lo ha hecho mediante una carta que el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha remitido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a quien le ha transmitido también las propuestas previamente acordadas con el resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular, relacionadas con los ocho temas incorporados al orden del día por exigencia de esos gobiernos autonómicos.

En la carta, el consejero andaluz de Presidencia insiste en la necesidad urgente de revisar y mejorar el formato en el que se desarrollan las sesiones de la Conferencia de Presidentes. «Si queremos que ésta sea verdaderamente un órgano útil de gobernanza y cooperación multilateral, es imprescindible que se garantice un espacio real para el debate, el contraste de opiniones y la toma compartida de decisiones», sostiene el escrito firmado por Antonio Sanz, que argumenta que no puede entenderse la Conferencia como un mero foro de comparecencias unilaterales, sino como una herramienta para el diálogo, en la que los presidentes autonómicos tengan mayor capacidad de debate para aportar soluciones.

En la carta también se pide que las propuestas suscritas en relación con los temas aportados por las comunidades del PP al orden del día sean incorporadas a la documentación que se entregará a los participantes en la conferencia con el objeto de que sean debatidas.

Entre estas cuestiones, la reforma del modelo de financiación autonómica figura en primer lugar. En el escrito se solicita la retirada del proyecto de condonación de parte de la deuda de las administraciones autonómicas y la presentación inmediata de un proyecto de reforma del sistema de financiación de las comunidades.

El escrito también muestra el rechazo a la llamada financiación singular y la fragmentación de la Agencia Tributaria al entender que esas decisiones quiebran principios y valores constitucionales esenciales como la igualdad, la solidaridad o la justicia, y se plantean con el único propósito de sostener una mayoría parlamentaria. «La condonación no soluciona los problemas de financiación de las Comunidades Autónomas, los cuales deben solucionarse mediante la apertura de un proceso de reforma del sistema de financiación actual», señala.

También reclama la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y entidades locales, el respeto a la autonomía tributaria y que se mantenga el mecanismo 'extra-fla' del programa del Fondo de Liquidez Autonómica.

En materia de energía se reclama prolongar la vida útil de las centrales nucleares, invertir en redes eléctricas para conectar la producción de energía con el consumo de la misma, desplegar una estrategia para que el almacenamiento avance, reforzar las interconexiones con otros países y apostar por renovables, combinadas con nuclear, almacenamiento e interconexiones.

En relación con las conexiones ferroviarias, otro de los temas propuestos por las comunidades del PP, el escrito reclama la elaboración inmediata de un plan de choque urgente dotado con los recursos necesarios para paliar a corto y medio plazo el caos ferroviario, donde se incluya un cronograma, las medidas provincializadas y su coste. También un plan de atención urgente a los pasajeros en incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes y un plan nacional de resiliencia ferroviaria, que incluya protocolos claros ante incidencias eléctricas, climáticas o técnicas, con simulacros regulares y respuesta coordinada.

Las propuestas en el campo de la sanidad incluyen el aumento del número de profesionales sanitarios, médicos y de enfermería, en formación; de tal forma que puedan atenderse las necesidades presentes y futuras del Sistema Nacional de Salud.

En vivienda, se pide derogar la actual ley y la puesta a disposición de suelo público para la construcción de vivienda asequible en colaboración público privada.

Las medidas propuestas también afectan a la financiación del primer ciclo de educación infantil, la política migratoria, la retirada de los proyectos de ley de reforma del poder judicial y del estatuto del ministerio fiscal.