Andalucía irá a la Conferencia de Presidentes «con poca fe» en sus resultados

Resueltas las discrepancias sobre el contenido de la reunión, que pusieron en duda su celebración hasta que el Gobierno aceptó añadir los ocho temas propuestas por las comunidades gobernadas por el Partido Popular, la polémica se centra ahora en la utilidad que puede tener la conferencia. En la reunión se abordarán 14 puntos -seis propuestos por el Ejecutivo y otros ocho, por los gobiernos autonómicos-, aunque algunos de ellos coinciden al menos en parte en el contenido, y cada presidente de comunidad tendrá tiempo limitado para intervenir una sola vez.

El Gobierno central ha dado una señal clara de quiere utilizar la reunión para abordar la cuestión de la vivienda. Este miércoles, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta acababa de terminar su sesión semanal, se recibió en el Palacio de San Telmo una carta en la que Pedro Sánchez propone a los presidentes autonómicos aprovechar la conferencia para la firma de un acuerdo estatal para la vivienda. El Gobierno se compromete a aportar 4.000 millones de euros siempre que las comunidades autónomas contribuyan con otros 2.700 millones. También propone a los presidentes autonómicos que se comprometan a que todas las viviendas que se financien con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de vivienda protegida, evitando de esa manera que entren al mercado libre o acaben en manos de fondos de inversión.

La propuesta de Sánchez ha sido recibida con desconfianza por la Junta de Andalucía. Los antecedentes les invitan al pesimismo, ya que, según la portavoz de la Junta, Carolina España, cada vez que tiene un problema, el Gobierno acude a la vivienda. En su opinión, ahora lo vuelven a hacer «porque se ven con el agua al cuello».

Sin tiempo aún para estudiar a fondo la propuesta del Gobierno, que acababa de llegar, la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, dijo que cualquier propuesta que contribuya a poner más viviendas protegidas en el mercado siempre será bien mirada por la Junta de Andalucía, pero contrapuso las soluciones que ante este problema impulsan una y otra administraciones. En su opinión, mientras el Gobierno socialista aplica una política intervencionista que pone la ideología en el centro, la Junta se apoya en el diálogo con los sectores implicados y aplica el pragmatismo.

La consejera arremetió contra la Ley de Vivienda del Gobierno central, hecha, en su opinión, sin consenso y sin diálogo, y «que ha extendido la inseguridad y la desconfianza entre los propietarios, el sector y la ciudadanía». Esta norma, aseguró, ha desplomado la oferta de alquiler, con 120.000 viviendas menos en toda España desde 2023, ha disparado la demanda y ha triplicado el coste del alquiler.

Por el contrario, señaló que Andalucía se ha optado por una vía más eficaz, «con soluciones más realistas y efectivas, que verdaderamente mejoren la vida familias y jóvenes». El resultado, afirmó, es que cuando Pedro Sánchez quiere entregar llaves, «tiene que venir a Andalucía».

Díaz, que lamentó que el presidente del Gobierno esperara a 48 horas antes de la celebración de la Conferencia para remitir su propuesta, aprovechó para informar de que la Junta de Andalucía destinará más de 38 millones de euros en ayudas para la construcción de 1.237 viviendas protegidas en alquiler. A este programa ya se han adscrito 17 proyectos residenciales de cinco provincias: Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.

Esta línea de subvenciones, cuya orden de convocatoria se publicará esta semana en el BOJA, está financiada por el Plan Vive en Andalucía y por el Plan Estatal de Vivienda y permitirá impulsar viviendas para personas mayores y personas con discapacidad, y también alojamientos temporales, modelo 'cohousing' o viviendas intergeneracionales.

Díaz recordó que se trata de un programa pionero en Andalucía, que se impulsa desde 2019 y que ha concedido más de 300 millones de euros para 7.000 viviendas en alquiler en Andalucía.