Andalucía ya dispone de suelo para la construcción de 40.000 viviendas protegidas

Pese a que los adheridos son de poco más del 6 por ciento de los 785 municipios andaluces, si se considera su volumen demográfico representan casi la mitad del total de la población andaluza, según destacó la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, que este miércoles compareció tras el Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado el proyecto de ley para su inmediata remisión al Parlamento. Entre los municipios adheridos figuran las ocho capitales y otras ciudades de gran población como Marbella, Jerez de la Frontera, Roquetas de Mar, San Fernando, Alcalá de Guadaira, Torremolinos o Fuengirola, todas ellas con importante necesidad de aumentar el parque de viviendas protegidas.

En la presentación de esta iniciativa, el representante de Fadeco, la entidad de aglutina a los promotores andaluces, lamentó el pasado martes que haya todavía ayuntamientos que no se han adherido al decreto, para lo que basta un acuerdo de pleno, pero Díaz ha matizado que esa adhesión es voluntaria y que los municipios tienen todavía cinco meses para hacerlo.

Poner todo el suelo disponible para vivienda protegida e incentivar su construcción, aseguró Díaz, es el principal objetivo del proyecto de ley elaborado por el Gobierno andaluz. «Nuestro trabajo es intentar convencer a los ayuntamientos; se va a poder cambiar usos de suelo sin cambiar el planeamiento, es una excelente herramienta», argumentó.

La consejera subrayó que que ese proyecto-remitido este miércoles al Parlamento, donde se tramitará por la vía de urgencia-, es la respuesta de la Junta a la crisis de vivienda que afronta la comunidad y que la norma aprobada a nivel estatal ha agravado. «Es una norma construida desde el diálogo -señaló-, la vivienda no es un campo de batalla ideológico».

También apuntó que cuando la ley entre en vigor se podrá declarar de urgencia el planeamiento que sea necesario, se optimizará la gestión del parque público de viviendas en alquiler con un inventario único de viviendas públicas que sean de la titularidad de la Junta. También la ley ahondará en la calidad y en la rehabilitación bajo la óptica de la sostenibilidad. Para ello, explicó, se va a crear una comisión técnica que incentiva la industrialización de la construcción de viviendas, la eficiencia energética e hídrica y una menor huella de carbón.

Asimismo, según la consejera, se asegurará el buen uso del parque residencial evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación. Así como la protección de los más vulnerables. «Vamos a crear una comisión de coordinación en materia de desahucios y lucha contra la ocupación ilegal», aseguró.