La Junta acusa al Ejecutivo de Sánchez de promover el enfrentamiento entre territorios con el sistema de financiación
El Gobierno andaluz alega contra la propuesta de María Jesús Montero por considerarla incompleta y pide el apoyo de todos los grupos
La Junta de Andalucía ha presentado una alegación contra la propuesta de reforma del sistema de cálculo de la población ajustada, en el que se ... basa gran parte del sistema de financiación, remitido semanas atrás por el Ministerio de Hacienda. El Gobierno andaluz considera que se trata de una propuesta parcial e incompleta, que sólo hace referencia a una variable (la manera en que se calcula la población ajustada) y no al conjunto de un sistema de financiación que resulta insuficiente para Andalucía y la mantiene con una de las tres comunidades más infrafinanciadas, con ingresos por habitante inferiores a la media española.
La alegación, en un documento de 40 folios, ha sido remitida también a todos los grupos con representación parlamentaria, a los que el Gobierno andaluz ha pedido respaldo. «Necesitamos trasladar un mensaje de unidad y fortaleza», enfatizó el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo.
El portavoz mostró su preocupación por el retraso en la reforma de este sistema, que considera injusto, y porque el Ministerio de Hacienda no haya puesto ninguna cifra sobre la mesa. En su opinión, desde el departamento que dirige la ministra María Jesús Montero se ha abierto un debate en falso, postergando las decisiones importantes y además, al solicitar a todas las comunidades que se pronuncien sobre la propuesta, alentando la confrontación entre territorios.
Por ese motivo, la Junta vuelve a reclamar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la creación de un fondo transitorio de compensación «que tapone la sangría» de cuatro millones de euros diarios que padecen las arcas de la comunidad autónoma.El actual sistema de financiación está basado en varios apartados, de los que los más importantes son el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales -que se calcula en función de la población con una estimación ajustada a las particularidades territoriales que incrementan el coste de esos servicios-, el Fondo de Suficiencia Global y los Fondos de Convergencia Económica.
La propuesta del Ministerio se limita a una modificación en el cálculo de la población ajustada, pero no supone una reforma integral del sistema, tal y como reclaman Andalucía y otras comunidades con financiación inferior a la media como Murcia y la Comunidad Valenciana.
Así, la Junta entiende en sus alegaciones que antes de entrar a analizar el concepto de población ajustada, y los criterios tenidos en cuenta para su modificación, se debe conocer la foto final de la reforma del conjunto del sistema. “El criterio de población ajustada es importante, pero se desconoce el papel que va a jugar frente a otros elementos”, indica el escrito presentado por el Gobierno andaluz. Considera en ese sentido que el documento aportado por el Ministerio genera incertidumbre porque no aclara si la población ajustada es un criterio más de reparto dentro de una estructura de varios fondos como ocurre en el actual sistema, o por el contrario va a ser el único criterio “atendiendo a una estructura de fondos más sencilla y transparente”.
El escrito de la Junta destaca que las comunidades peor financiadas necesitan hacer un mayor esfuerzo presupuestario para prestar los servicios públicos fundamentales a un mismo nivel que el resto, de manera que pueden dedicar menores recursos al impulso de la actividad económica. “Ello es particularmente relevante en un momento en el que la crisis causada por el COVID-19 da paso a una necesidad de reactivación económica”.
La Junta destaca que el documento aportado por el Ministerio se enfoca a un único elemento, como indicador de necesidades y, por tanto, de reparto de los fondos públicos
entre comunidades concretamente y en el todavía vigente sistema de financiación autonómica, el Fondo de Garantía de servicios públicos fundamentales. En consecuencia, considera que no se puede considerar como un documento de reforma del sistema de financiación.
El Gobierno andaluz sostiene que su respuesta está basada en la posición avalada por el dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento, en su sesión del 9 de marzo de 2018, en relación con el informe del grupo de trabajo relativo a financiación autonómica. Por ello, Bendodo recordó que existe una base mínima de acuerdo del PP y el PSOE, a la que sumó a Ciudadanos, que estima que Andalucía necesita recibir al menos 4.000 millones más de euros del sistema de financiación y que espera que todos los grupos de la Cámara se sumen al consenso de reclamar un modelo diferente que atienda a las necesidades de financiación de Andalucía. «¿Quién se va a oponer a eso?», se preguntó.
Asimismo, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha solicitado comparecer a petición propia en el Parlamento para abordar esta cuestión.
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