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El juicio por el uso fraudulento de los fondos de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) no se celebrará finalmente en la semana previa a las elecciones municipales. La magistrada presidenta del tribunal que juzgará el caso, Mercedes Alaya, ha modificado su decisión inicial y ha postergado en una semana el inicio de la vista oral.
La jueza ha accedido de esta manera a la petición de las defensas de las dos personas que se sentarán en el banquillo, el exdirector de la fundación, Fernando Villén, y la exdirectora económica y financiera, Ana Valls, que pidieron el aplazamiento del juicio después de que la jueza lo fijara para la semana previa a las elecciones, que tendrán lugar el 28 de mayo. Con el nuevo calendario, el juicio se iniciará el 29 de junio y concluirá el 6 de junio.
Ambos están acusados por presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. El Partido Popular y la Junta de Andalucía ejercen la acusación en esta causa, que será juzgada por un jurado popular.
El auto de apertura de juicio oral contra Villén, para quien el fiscal pide seis años de prisión, y Valls, para quien solicita cuatro, fue emitido en abril de 2022 y en el mismo el juez instructor relata que el primero, «prevaliéndose de su cargo como director técnico» de la Faffe, «habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad -que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados-, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación».
El juez señala que, en total, este acusado «habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe», y añade que, «con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos», el investigado, «en connivencia» con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, «habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado», de forma que, «en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad».
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