María Jesús Montero: «No hay debate de sucesión, la presidenta no ha pensado en abandonar la Junta»

¿Qué le parece que se hable de usted como sucesora de Susana Díaz? ¿Le incomoda?

Llevo años en política para contextualizar de forma clara todo esto. Siempre que hay cualquier movimiento, o perspectiva, en cualquier entorno los medios de comunicación hacen apuestas. Lo importante es saber que este debate no existe actualmente en el Gobierno y yo diría que tampoco en el partido, al menos en la parte con que yo más trabajo. Es un tema que no está ni en la expectativa. Los miembros del Ejecutivo estamos muy concentrados en la tarea. Hemos ido, yo misma, con la lengua fuera hasta la semana pasada, corriendo del debate de presupuestos al Consejo de Política Fiscal.

Pero está en todos los ámbitos.

Yo estoy absolutamente concentrada en la tarea de la Consejería de Hacienda, que me ocupa muchísimo tiempo, incluso más del que sería recomendable. No hay debate de sucesión ni planteamiento de este tipo. Yo sé que no lo creen los medios de comunicación pero es la verdad. En ningún momento la presidenta ha pensado en abandonar la Junta. Ella ha trasladado con muchísima claridad que cuando tome la decisión de si se presenta o no a la secretaría general,y si se decide a hacerlo, su planteamiento es compatibilizar esa tarea con la Presidencia de la Junta de Andalucía, a la que se dedica en cuerpo y alma. Le corresponderá a ella plantearse ambas cuestiones. Cualquier otra aproximación es una mera especulación.

¿Se ve como presidenta?

Es una mera especulación. No es un debate que esté. Sí creo que Andalucía vive un momento muy interesante y el Gobierno debe estar concentrado en eso, en lo que nos piden los ciudadanos, lo que va a ocurrir mañana o el mes que viene, lo que este año nos depare. Cualquier otra consideración no está en la mente de ninguno de nosotros. Nadie va a adelantar ni retrasar ninguna decisión que tiene que tomar la presidenta.

¿Y cómo viene el año?

Apasionante, en términos políticos y ciudadanos. En Andalucía se tiene que traducir en mejores perspectivas en términos de oportunidad de empleo y satisfacción con los servicios públicos y que empiece la recuperación. La crisis cayó como una losa, pero la recuperación es muy lenta y con reglas muy rígidas que están lastrando el crecimiento en Europa. El año que viene mejorará la confianza de los ciudadanos hacia la política, que tenía que espabilar para ser la referencia que los ciudadanos nos piden. El escenario es apasionante y lleno de retos

¿Como cuáles?

Los partidos emergentes, su posición en las instituciones, la adaptación de éstas a las nuevas mayorías, el debate Estado-ccaa sobre competencias compartidas, las legitimas aspiraciones de los territorios, su armonización, son debates apasionantes. Todos tenemos una opinión sobre la arquitectura de España, sobre la recuperación, la participación de la gente en la toma de decisiones, como se administra la información para que la opinión sea fundada y no dependa de la capacidad de encantamiento de determinados líderes.

¿Y en Andalucia?

El caballo de batalla sigue siendo la lucha contra el desempleo. Cerraremos en la perspectiva que habíamos planteado,pero mientras haya un solo parado hay que seguir trabajando, en el cambio de modelo productivo, el diálogo con los agentes sociales, en revertir la reforma laboral. Tengo confianza en que la aplicación de las cláusulas sociales en los contratos de la Junta ayude a eliminar la precariedad. Todos conocemos en nuestro entorno a personas que trabajan más horas de las que cotizan por ellos y tienen salarios indignos. Los Presupuestos intentan dar respuesta a esto. Como incorporar tratamientos innovadores con la mejor tecnología en el sistema público de salud; que la universidad dé respuesta al mercado laboral. Es un año decisivo para todo esto. Son debates importantes que requieren mucha energía del Gobierno andaluz y estar en lo que estamos, concentrados en poner los mimbres al servicio de los ciudadanos. Hasta que la gente no note que la recuperación les toca no van a creer en esto. Para que la economía se recupere hace falta confianza, y la primera confianza que yo intento trabajar es la de los ciudadanos, no tanto la de los mercados financieros, que también.

El año comienza con el cambio en el impuesto de sucesiones, que entra en vigor el día 1. El PP dice que el error de salto continúa. ¿Es así?

La reforma que hemos emprendido junto con Cs elimina este error salto en herencias por debajo de 350.000 euros. Eso significa que hay tramos exentos, escalones en que no salta. Los primeros 200.000 no computan. Entiendo que una herencia de 400.000 euros en un entorno familiar de cuatro o cinco herederos, implica que la herencia total es de más de un millón de euros. Que tribute una herencia de este volumen parece razonable. Su destino es que todo el mundo sea igual ante salud, educación y servicios sociales.

El PP mantiene la batalla por eliminar este impuesto.

Es curioso que el PP lo plantee. Es un impuesto que viene por cuna, uno de los mas antiguos que existen, y supone tributar por algo que uno ha recibido de su familia, que no ha ganado con su trabajo. Los impuestos son necesarios para financiar los servicios públicos. Creo que reforma final ha sido realmente interesante.

Recuérdela, pues.

Cualquier herencia por encima de 350.000 euros solo tributará por la parte correspondiente de los 200 hasta 350 mil, y por debajo de esa cifra no se pagará nada. Esto es muy importante. La gran mayoría no tendrá que pagar. Porque en realidad, aunque el volumen de herencias en Andalucía es importante, los que están obligados a pagar el impuesto son veinte mil personas. Estamos trabajando para aliviar la carga financiera a veinte mil personas. El PP quiere que todas las herencias sean eliminadas y no lo compartimos, porque las grandes fortunas son las que tienen que contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. No podemos tener un irpf que cargue a las rentas por encima de los 20.000 euros y que las grandes herencias, algunas muy famosas, no tengan ninguna tributación.

Ha creado un grupo de trabajo con Cs para la reforma del IRPF. ¿Estará este año?

Puede que sí.

Pero ¿entrará en vigor este año? Porque Cs quiere que sea así, pero la presidenta ha dicho que no habrá nuevas reducciones del tramo autonómico de este impuesto

Los acuerdos fiscales ya se contienen en el presupuesto de 2017. Cs cree que hay que seguir profundizando en esta línea. La posibilidad de aplicar las medidas que surjan del grupo de trabajo dependerá de la situación económica, de como vayan los ingresos de la comunidad,de qué conclusiones se arrojan y en qué colectivos se pretende impactar una rebaja.

¿Prevé acuerdo?

Tengo confianza. Los grupo de trabajo han funcionado bien hasta ahora. Han atendido la prioridad de Cs, el año pasado 2 puntos de rebaja de irpf, este año sucesiones, y el programa del PSOE contiene seguir aliviando la carga fiscal. Es un trabajo a lo largo de la legislatura, que no se agotará ahora mismo. Ya veremos si las conclusiones son factibles, en qué momento aplicarlas, en función de que no peligren los ingresos. La línea roja es que cualquier reforma fiscal debe ser para las clases trabajadoras y medias y que no ponga en riesgo sanidad, educación o dependencia.

En el debate totalidad habló de reforma de la cesta de impuestos. ¿En qué sentido? Un reciente estudio afirma que Andalucía, con 8 impuestos,es la comunidad que más tiene

Hay estudios distintos, dependiendo de qué tributo se analiza. La gran parte de las comunidades autónomas nos movemos en estrechos márgenes. En España no hay grandes diferencias, como puede ocurrir en otros países más federales de Europa o en EEUU. Tenemos una fiscalidad bastante similar,hablamos de punto arriba o abajo. Los rankings no son tan importantes como ver hacia dónde caminamos.

Autonomía fiscal

¿Quiere autonomía fiscal?

Es una exigencia de las comunidades que quien recoge los recursos tenga capacidad normativa sobre los ingresos, pero vengo advirtiendo que a Andalucía le puede perjudicar, dependiendo de como se comporte el modelo de financiación, y beneficiar a los territorios con rentas más altas.

¿Cómo?

El modelo actual se planteó para un momento en que los ingresos eran estables, nadie pensó que caerían en picado. No ha habido suficientes recursos para los servicios fundamentales. Andalucía pone más de dos mil millones de euros al año, además de lo que le da el Estado, solo para sanidad, educación y políticas sociales. Eso significa que hay que hacer uso de la capacidad fiscal y en territorios que tienen rentas más bajas han de subir más el tipo para recaudar lo mismo que territorios que tienen rentas más altas. El esfuerzo fiscal para recaudar 10 euros aquí tiene que multiplicarse respecto de Madrid, sede corporativa de la mayoría de las empresas. Hay un efecto perverso en el modelo de financiación que obliga a utilizar esa capacidad normativa y perjudica a aquellas comunidades que para recaudar lo mismo necesitan una mayor presión fiscal. Eso hay que corregirlo con el modelo de financiación. Habrá que tener autonomía fiscal limitada una vez que se garantizan los servicios públicos.

Otra discusión abierta es si homogeneizar determinados impuestos. ¿Qué piensa?

Nosotros pensábamos poner en marcha uno sobre bebidas azucaradas, Cataluña también, y el Gobierno de España lo ha incluido. Cuando eso ocurre las comunidades autónomas que contábamos con ello deberíamos ser compensadas. Si PP o Cs quiere eliminar el impuesto de sucesiones ¿por qué no lo hacen en España y compensan a las comunidades? Son cifras cuantiosas, por cierto que las mismas que en Madrid, a pesar que ellos dicen que allí no existe.

¿Qué postura va a llevar Andalucía sobre financiación autonómica, a la Conferencia de Presidentes y al CPFF?

Hay que arbitrar la metolodogía de trabajo y el cronograma. Es muy importante que la Conferencia de Presidentes ponga esa ruta de discusión, que debe estar presidida por un debate experto como telón de fondo, que nos permita aglutinar posiciones, aunque haya por supuesto un debate político.

Todos lucharán por ser los más beneficiados

Andalucía también y va a ser muy importante que dentro de la metodología se contemple el coste de los servicios. Nuestra propuesta va a ir más allá de que haya un fondo de estabilización para momentos de declive económico, de cuestiones técnicas para la estabilidad del modelo. Este tiene que ser transparente, sin la opacidad actual,y debe tener suficiencia de recursos y para ello proponemos que se haga un cálculo del coste aproximado de los servicios, usando una variable como el coste promedio, en el que la población tiene que tener un peso fundamental.

¿Teme que el conflicto catalán desequilibre el reparto, en contra de Andalucía?

Más que temer estamos atentos y expectantes a ver qué plantea Cataluña. Ha habido alguna información, no si a modo de globo sonda, de que no van a participar del debate. No sería bueno para España. El gran reto político es intentar que el modelo sea cómodo para todos. Es muy difícil, pero es la aspiración con que vamos. Lo primero y más importante es que Cataluña participe, en pie de igualdad y que no haya otra hoja de ruta en la perspectiva. No conozco ningún documento que haya elaborado Cataluña más allá de su slogan de que de la solidaridad tiene límites. Estaremos atentos, pero también con otras comunidades. Cada territorio es un mundo. Lo importante es que garanticemos la igualdad ante cuestiones básicas y ver cómo se incorporan las diferencias territoriales, las singularidades.

¿Qué peculiaridad pedirá Andalucía?

Aludiremos al espíritu constitucional para que la financiación tienda a la convergencia. Siendo importante y lógico que a algunos les parezca que hay limitaciones a la solidaridad, es igualmente lógico que las regiones del sur aspiren a lo que la Constitución marca, que todos los españoles se incorporen de forma igualitaria al acceso de los servicios públicos fundamentales y a las oportunidades de empleo. Para superar la brecha de desempleo es necesaria financiación, los planes de empleo los hemos hecho nosotros a pulmón, sin el apoyo del Gobierno de España.

Ha hablado de chantaje del ministro Montoro por no comunicar las entregas a cuenta. ¿Puede la caja andaluza soportar la tensión de no saber qué va a recibir?

Si el Ejecutivo cree en el Estado de las autonomías no puede defender que para que éstas tengan presupuesto es obligado que lo tenga el Gobierno de España. Nunca lo había escuchado antes. Atenta contra el espíritu de la Constitución y contra la Ley de financiación autononómica. Las comunidades no participamos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). No somos una parte del dinero que aprueba el Congreso.Participamos de la recaudación de impuestos y ésto se produce con o sin PGE. Lo que las comunidades reciben es parte de lo que se recauda, no lo que aprueba el Congreso. Montoro solo plantea presión a los territorios para que éstos presionen al PSOE y otros partidos, como el PNV, para que apoyen los PGE.

Los más de 600 millones de ampliación del déficit que ha dicho que irán a Sanidad ¿cómo se emplearán?

Se trata del paso del 0,3% al 0,7% de objetivo que se acordó en abril. A lo largo del año se ha empleado en el servicio sanitario, que sigue siendo la prioridad y que se beneficia siempre en mayor proporción de la capacidad de gasto que tenemos.

«Algo se ha hecho mal»

Como anterior consejera de Salud, ¿cómo ve las mareas que están levantándose en Andalucía?

La clave de éxito de los sistemas sanitarios es garantizar la accesibilidad para las patologías más frecuentes, es decir centros de salud en entorno cercano, y concentrar capacitación técnica y experiencia del personal para patologías graves y técnicas complejas. Los procesos que se diseñaron en su momento iban en esta dirección. Por un lado, la política de los CHARE, para que una persona con un infarto sea tendida a menos de 30 minutos de cualquier punto, pero para patología de grave riesgo se busca garantía de éxito mediante inversión técnica y que quienes atienden tengan un número de casos suficientes que le permitan tener un entrenamiento experto.

¿Y qué ha pasado?

Así se diseñó la convergencia entre hospitales. Algunos le han llamado fusión, no fue tal. Dicho esto, está claro que algo en el camino se ha hecho mal, algún planteamiento ha sido erróneo y el gobierno no ha tenido ningún problema en escuchar lo que los ciudadanos demandaban en las calles de Granada, y en retomar medidas que por motivos distintos no han funcionado. Ahora hay un proceso de diálogo abierto y sincero, con la mano tendida por parte de la Consejería de Salud, que retoma su hoja de ruta. Esto en política es muy importante. Que haya idea, empuje, innovación, para garantizar el éxito en los tratamientos de la salud y escuchar la demanda de población, que si está en la calle es porque no comparte planteamientos o porque las cosas no han funcionado. Además hay una legítima aspiración, que yo comparto, de que los servicios públicos sean esenciales para el futuro. Los ciudadanos también expresan lo que el Gobierno traslada. La sanidad, la educación, las políticas sociales, las pensiones deben tener una línea de seguridad para que se diseñe la arquitectura territorial que sea, todos seamos iguales. Ese es el debate al que estamos asistiendo.

¿Qué pasa con el sector instrumental? Cs expresa dudas sobre su verdadera reducción

Cs pidió, y me parece muy importante para dar credibilidad a su capacidad de influencia sobre el gobierno, auditar cómo se habían ejecutado los pactos, entre ellos que los entes no sociales tuvieran presupuesto menor, sobre todo en explotación. Los debates se centraban en el sostenimiento de los servicios públicos, pero ahora que se vuelve a tener capacidad de inversión los entes no sociales pero inversores, como la empresa de obra pública (AOPJA), la de vivienda y suelo (AVRA), los que llevan metros, necesitan tener más medios. Ese ha sido gran parte del debate con Cs.

Pero parece que no se han reducido todos los comprometidos

El debate parte de un apriorismo, la demonización de los entes instrumentales, de su personal, su retribución o sus sistemas de control, que no se corresponde con la realidad. No obligatoriamente es bueno reducirlos. Si es a costa de la inversión o de las políticas sociales muchos no estarían de acuerdo. Además, hay diferentes registros. El de la comunidad, el del Ministerio de Administraciones Públicas y otro que hace cada año la Intervención General del Estado, que consolida a efectos déficit ahora a los consorcios de transporte, que son con los ayuntamientos, de ahí la confusión. Cs lo entiende, pero sigue queriendo un ajuste de gasto de explotación. Hemos hecho un nuevo esfuerzo y ahí está en los presupuestos.

¿Se cumplirá el déficit?

Cumpliremos, pero el dato no lo sabremos hasta final de año. Las cifras parciales son poco robustas. Se lo digo al ministro, hay que cambiar el análisis. Cataluña está en un 0,3%, igual que nosotros. Está muy artefactado.

¿Y el pago a proveedores?

Según el último dato, de octubre, somos la que menos tarda de las comunidades de régimen común, 13 días. Estoy ilusionada con el decreto de garantía de tiempos medios de pago,que ayuda a discriminar aquellos que son más dependientes las nóminas. Este año, como Consejería, tenemos dos medidas por desplegar en toda su dimensión, los tiempos de pago y las cláusulas sociales, en la confianza de que dignifiquen las condiciones laborales de contratas y subcontratas y proveedores. Son pequeños pasos en toda una gran reforma laboral por hacer.

En cuanto a las plantillas de trabajadores públicos, apunta la rebelión de los interinos

Hay que exigir la retirada de la tasa de reposición, que es responsable de que el nivel de temporalidad sea muy alto. Hay que revertirlo dando estabilidad.

¿Cuándo culminará el proceso iniciado en las plantillas sanitarias?

Será de forma paulatina, de acuerdo con las organizaciones sindicales,para que no se altere el funcionamiento de servicios, que no se obligue a cambiar de médico o se modifique la cartera de servicios porque salgan profesionales. Intentamos que la temporalidad se convierta en empleo estable, y que nuestros procesos no tengan efecto llamada al resto del Estado. Debería volver a hacerse a nivel nacional, como la estabilización en salud hace 7 años, que se convocaron más de 20 mil plazas al unísono, lo que permitió que cada profesional optara en su comunidad.