El PP recusa ante el Poder Judicial a la jueza Núñez en el caso de la formación

Todas ellas relacionadas con la investigación sobre el presunto fraude en las ayudas para cursos de formación desde que el pasado mes de junio, en plena campaña electoral, se filtrara que la magistrada iba a archivar la pieza contra responsables de la Junta de Andalucía, funcionarios y políticos. Una veintena de investigados o imputados dejados por Alaya antes de ascender a la Audiencia Provincial de Sevilla en julio del pasado año.

La filtración en junio dejó entrever que Núñez archivaría la causa de acuerdo con la Fiscalía, que parecía estar conforme, al entender que no había delito por parte de los responsables políticos de las ayudas. El ministerio público aún no se ha pronunciado.

El PP, personado como acusación particular, presentó en julio una denuncia al Poder Judicial por «parcialidad» de la magistrada, a la que responsabiliza de la filtración sin haber acabado aún las diligencias. También la denuncia por resoluciones que «carecen de motivación» y por haber cometido la falta denominada «inobservancia en su deber de abstención».

Esta última está relacionada por la entrega defectuosa de grabaciones con las declaraciones de testigos en el caso. El PP denunció que una de estas grabaciones, la del interventor de la Junta en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, aparecía cortado su testimonio en la parte en la que preguntaba la letrada del PPy la jueza le reprochaba que no llamara delito donde no había delito. Este interventor insinuó menoscabo de fondos públicos en un informe de actuación y, pese a que no ratificó este extremo ante la jueza, para el PPes clave para que no se archivara la causa. Los letrados del PP, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, reclamaron las grabaciones originales con un certificado de que lo son y no una copia, a lo que la jueza respondió en un escrito que lo entregado es lo que hay, según el PP, fechado días antes de la petición de sus abogados.

El PP cree que ha pillado en un grave error a la jueza y por eso presentó el pasado día 15 la recusación ante el Poder Judicial al entender que no es la jueza la competente de la entrega de las grabaciones, sino la secretaria judicial, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras la reforma. Pide por ello que el Poder Judicial obligue a la magistrada a «abstenerse» en el proceso de las grabaciones, es decir, que se mantenga al margen y sea la secretaria judicial la que decida.

El escrito del PP se registra dos días después de que trascendiera una discusión inusual entre letrados y jueces a cargo de Núñez Bolaños y la abogada del PP, Lourdes Fuster, durante el interrogatorio de una investigada que atacó a los dirigentes populares Zoido y Antonio Sanz. Fuster pidió a la jueza que cortara los improperios y la magistrada le recordó que era cometido suyo dirigir el interrogatorio. La abogada replicó para asombro de los presentes: «Ya me imaginaba que usted la iba a dejar que siguiera hablando».

Ante el revuelo ocasionado por la recusación, noticia revelada por ABC ayer, el PPse apresuró a aclarar que este partido no está pidiendo que el Poder Judicial aparte a la jueza del caso de los cursos de formación, solo del conflicto con sus letrados por las grabaciones.

Reacciones

Aún así, la repercusión hizo que hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se viera en un apuro al ser preguntado en Radio Nacional. El magistrado admitió que las grabaciones con las declaraciones «es un derecho que tiene la parte», pero también añadió: «Parto de la premisa de que todos los jueces, tanto esta como la anterior (Mercedes Alaya), merecen confianza y respeto y eso es lo que quiero transmitir en general».

El secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, criticó ayer lo que calificó de «ataque directo» del PP a la jueza Núñez Bolaños, que engloba en una forma de actual del PP de atacar a los jueces cuando no les dan la razón.

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, negó, según Efe, que su partido vaya «contra» la jueza, «ni contra nadie» y ha asegurado que solo defiende sus derechos como acusación particular en la causa y que no entienden la negativa en su petición de que se les entregue la copia certificada de las declaraciones judiciales. «Lo que el PP-A lleva meses pidiendo es algo que creemos que es legítimo y razonable pedir: la copia certificada de las declaraciones judiciales», dijo Moreno.