La Junta repone en su cargo «por justicia» a la directora general de Minas
El PSOE asegura que el caso Aznalcóllar fue «una palanca que maneja el PP» para impedir la investidura de Susana Díaz y señala al delegado del Gobierno
PPLL
Miércoles, 11 de noviembre 2015, 00:56
Menos de 24 horas después de conocerse que la jueza había dictado el archivo de la causa por la adjudicación de Aznalcóllar, el Consejo de ... Gobierno repuso en su cargo de directora general de Minas a María José Asencio. Asencio fue cesada el 4 de agosto, cuando fue imputada por la juez número 3 de Sevilla, pero el vicepresidente Jiménez Barrios ya dijo que el cargo no se cubriría, sino que le sería restituido en cuanto se demostrara su inocencia. Y así ha sido, «por justicia», dijo el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, que no podía ocultar la satisfacción del ejecutivo andaluz por haberse desembarazado de un incómodo proceso que había estallado en pleno proceso de investidura de Susana Díaz y cuestionaba un ambicioso proyecto de desarrollo minero.
Por ello, Vázquez insistió, como el día anterior el consejero de Empleo, en que Andalucía es la tierra de la transparencia, la seguridad jurídica y la estabilidad. Además, arremetió contra «el daño irreparable» que han sufrido los funcionarios afectados , contra el «encanallamiento» de la vida política y pidió responsabilidades a la oposición por su actuación «irresponsable» y equivocada en este caso.
«Alguien tiene que pagar» , dijo Vázquez, que exigió «reparación y rectificación pública» por los daños causados a funcionarios y responsables políticos. Pero no especificó que actuaciones se llevarán a cabo. Será el Gabinete Jurídico de la Junta quien determine cómo hacer frente a «difamaciones infames que han puesto en riesgo una inversión importantísima».
Un «montaje» del PP
En cambio, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, fue más allá. Habló de un «montaje» para impedir la investidura de Susana Díaz y apuntó hacia el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, como responsable de la Udef, y anunció que pedirá responsabilidades por la filtración del atestado. Esta, dijo, «se usa como palanca que el PPmaneja para impedir la investidura». «Creemos - dijo Jiménez- que el PPpreparó toda una estrategia para intentar meter miedo y hacer inviable el proceso de investidura». Incluso recordó que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría también se pronunció sobre el asunto y se preguntó si «se ha intentado influir desde la Delegación del Gobierno en Andalucía para generar las condiciones que le permitieran al PP-A intentar impedir y sabotear» la investidura.
La petición de disculpas no tuvo eco en las fuerzas políticas tampoco ayer. Juanma Moreno (PP-A) dijo que «el capítulo se cierra sin explicaciones de Susana Díaz» y pidió «transparencia y rigor», mientras que Moreno Yagüe (Podemos) insistió en que «el archivo es provisional y el auto señala que hay irregularidades». Antonio Maíllo (IU) ratificó que la adjudicación de la mina «fue una chapuza, por muy legal que sea».
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