Hacienda rectifica y deja a los ayuntamientos los servicios sociales

Se despeja así una duda que tenía en vilo tanto a las instituciones como a los profesionales del sector y a los usuarios de los servicios sociales y sanitarios municipales, que ignoraban qué sería de estos a partir del 31 de diciembre, fecha en la que la ley entra en vigor.

La rectificación, conocida en el transcurso del debate de los presupuestos andaluces, durante la intervención de la consejera de Hacienda, se contiene en una carta que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, ha dirigido a la comunidad autónoma , así como a diversos ayuntamientos y diputaciones, con fecha 2 de noviembre, ante las dudas suscitadas.

Beteta indica que la modificación de las consideradas competencias «impropias» no se llevará a cabo ante la falta de una ley de financiación de las haciendas locales y de las comunidades autónomas, cuya prevista reforma tampoco se ha producido en la legislatura que acaba de finalizar.

«Se trata de una reculada en toda regla», valoró ayer Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, por su parte calculó en 500 millones el coste que hubiera tenido para la Junta llevar a cabo esos servicios, una cifra que consideró «imposible de asumir» sin las correspondientes transferencias financieras.

El recurso andaluz contra la ley, que fue llevado a cabo por la vicepresidencia entonces detentada por el dirigente de IU Diego Valderas, se presentó en febrero de 2014 y sigue sin resolverse a fecha de hoy.

Se basaba en la invasión de competencias de la comunidad autónoma, que tiene reconocida por el Estatuto capacidad legislativa en materia de administración local y de servicios sociales, y en una decena de motivos, entre ellos la vulneración de la autonomía de las corporaciones locales.

Ante la incertidumbre creada en los servicios sociales por la entrada en vigor de la ley, el próximo 31 de diciembre, el grupo socialista presentó una proposición no de ley (PNL), registrada en el Parlamento el pasado día 28, antes de conocerse la carta de Beteta, en la que pide el mantenimiento de los servicios sociales. La PNL, debatida en el pleno de ayer, insta al Gobierno andaluz para que a su vez reclame al Gobierno de la nación la derogación de esta disposición y fue aprobada con los votos de PSOE, Cs y Podemos, el voto en contra del PP-A y la abstención de IU. El primer punto de la iniciativa, en el que se indica que «el Parlamento de Andalucía defiende la prestación de los servicios sociales a la ciudadanía andaluza tanto por parte de la Comunidad Autónoma como, especialmente, por parte de las entidades locales, al ser estas las administraciones más cercanas» si contó con el apoyo de los populares, que pidieron votación separada.

Por parte del PP-A la diputada Ana Mestre defendió que no se trataba de una rectificación de la ley, sino de una nota informativa que estaba a disposición de cualquiera. Le rebatió la socialista Soledad Pérez, que preguntó si las notas explicativas tienen rango jurídico y si derogan la normativa actual.

El portavoz socialista, Mario Jiménez, atribuyó la marcha atrás del Gobierno central a las críticas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de presidentes de comunidades del PP, ante la imposibilidad de llevar a cabo el cambio de competencias como estaba previsto, y dijo que la decisión «desarma la estructura de la reforma local y es una bofetada a Montoro».