La Fiscalía pide dividir por bloques la causa de los cursos de formación como hizo con los ERE

De esta forma, la Fiscalía contesta a la petición que le hizo en julio la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que propuso la división en distintas partes relativas a los entramados empresariales, los consorcios, los sindicatos, las confederaciones y las fundaciones.

La Fiscalía, por su parte, propone un bloque con los entramados empresariales, como el del exconsejero Ángel Ojeda; otro con los consorcios públicos de formación de la Junta; uno más con las subvenciones a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), de carácter público, y otro con las ayudas a los trabajadores de Delphi, han informado a Efe fuentes judiciales.

Un quinto bloque abarcaría, según la Fiscalía, a los delegados provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que fueron detenidos en marzo pasado en la denominada operación Barrado por su presunta implicación en una red de clientelismo político, como dijo la juez Mercedes Alaya, que dirigió la operación.

En esta causa, que empezó a instruir Alaya antes de que lograra la plaza en la Audiencia de Sevilla que había solicitado, hay 18 imputados, entre ellos los exconsejeros socialistas Antonio Fernández y Ángel Ojeda.

La Junta de Andalucía, que está personada en la causa, también se había mostrado favorable a la división de la causa, en la que se persiguen los posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y contra la hacienda pública en su modalidad de fraude de subvenciones.

Alaya, antes de abandonar el juzgado, dijo en abril que, aunque todavía era precipitado, se "atisba" la posibilidad de dividir la causa.

Estos delitos se habrían cometido, según el atestado de la Guardia Civil que ha servido de base para la petición judicial de división de la causa, en la concesión, control y justificación de las subvenciones concedidas para la realización de acciones formativas dirigidas a la formación para el empleo.

En su informe, la Guardia Civil señala que empezaron esta investigación en septiembre de 2013 sobre "entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones" y respecto a "determinados fraudes en los consorcios entre administraciones".

También investigaban subvenciones otorgadas a empresas y fundaciones para acciones tendentes a la recolocación de los extrabajadores de Delphi y empresas afectadas y las subvenciones otorgadas a la FAFFE.