Alaya acusa a la Junta de crear "una red de clientelismo político" a través de la formación

Fuentes del caso han informado de que, en sus autos, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales de Empleo "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político".

12 detenidos ya están en libertad

La juez investiga en este caso posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, han indicado las fuentes, que han precisado que, en los autos de imputación de todos los exdelegados provinciales de Empleo, Alaya pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político".

De este modo, la juez ha dejado en libertad con cargos a los primeros 12 detenidos que han comparecido en sede judicial, pues este mediodía ya dejó libres a la hasta ayer delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano; la exdelegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez; la exdelegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda, y la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán, para quien la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de seis millones de euros.

Hay que recordar, asimismo, que la instructora dejó en libertad con cargos esta madrugada a las exdirectoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara --para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros-- y María Teresa Florido; a la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, y a la exdirectora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.

13 exaltos cargos de la Junta

Florido, para quien el Ministerio Público no pidió ningún tipo de medida cautelar, es cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, también imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Hasta 13 de los detenidos son altos cargos o exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos siete exdelegados provinciales de Empleo --todos los citados más el de Málaga, Juan Carlos Lomeña--, el exdirector general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, y el exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes.

En Málaga, y además de al exdelegado provincial de Empleo, la Guardia Civil detuvo al exdirector gerente José Gutiérrez y a la presidenta de la UTE gestora de Ciomijas, mientras que en la provincia de Huelva fue detenida también la exdirectora gerente del consorcio Formades.

En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

Bajo secreto

Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".

En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero "se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación", señalando que "del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando".

En este sentido, indica que, "analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes".

Todo ello "atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba