La Policía detiene a seis personas e imputa a otra más en el marco de la investigación del 'caso Edu'

Fuentes de la investigación han precisado a Europa Press que a lo largo de esta semana se han llevado a cabo nuevas detenciones por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Almería que coordina esta operación, de forma que entre los nuevos detenidos se encontrarían empresarios de las diferentes sociedades beneficiadas y personal de su entorno.

En este sentido, hasta el momento se han practicado solamente en la provincia de Almería 20 detenciones, si bien también se han llevado a cabo diez arrestos más en la provincia de Granada, la mayor parte de ellos de empresarios que tienen vinculaciones con sociedades radicadas en Almería. En esta línea, se preveían 35 detenciones vinculadas a compañías almerienses durante esta fase, que finalizará a finales de esta semana.

Más detenciones esta semana

De esta forma, las pesquisas podrían llevar a practicar cuatro nuevas detenciones entre este jueves y viernes. Asimismo, la operación se habría extendido por otras ciudades españolas, por lo que además de las detenciones practicadas ya en Granada, Málaga y Cádiz, cabe la posibilidad de efectuar nuevos al menos 14 arrestos en Sevilla, Madrid y Lugo.

En el caso de Almería, las primeras dos detenciones y la imputación tuvieron lugar el día 16. En este sentido, la UDEF señaló a personas vinculadas con el Centro de Estudios Andarax y a Sicma S.L. por presuntos delitos de fraude en la obtención de subvenciones, estafa o falsedad documental que se habrían hecho con ayudas por valor de cerca de 2,1 millones de euros, según indica también el diario 'La Voz de Almería'.

Las últimas cuatro detenciones se practicaron el día 17 a raíz de supuestas irregularidades en la concesión de ayudas por parte de las sociedades Quintaeventos S.L., Aplinfo S.L. y Profesional de Salvamento y Socorrismo S.L., que se habrían hecho entre 2010 y 2012 con unos 750.000 euros con cargo a la partida 32D y 32L reservada por el Servicio Andaluz de Empleo para la financiación de cursos.

Empresas con irregularidades

En concreto, y en una fase muy indiciaria de la investigación que ahora apunta hacía 35 personas y 17 mercantiles, la investigación ya hacía mención a "varias" empresas en las que se "han detectado diversas irregularidades" entre las que se encontraban Quintaeventos, Ormar Informatic, Inmecamar, y Academia Infosol.

La investigación sobre estas tres últimas conllevó la detención del ya exconcejal del PSOE de Roquetas de Mar Juan Fernando Ortega, quien, tras abandonar la Comisaría, entregó su acta de edil y tramitó su baja de militancia en el partido. Junto a él también fueron detenidos su exmujer, su hija y una profesora.

Las pesquisas también ha llevado a la detención del concejal de Movilidad y Seguridad de Vícar, José Luis Leseduarte (PSOE), quien se mantiene en el cargo. En su caso, la detención se produjo por su vinculación con el centro de formación 'Indalo', donde el concejal prestó servicios, y que obtuvo en enero de 2011 y de 2012 resoluciones por parte del SAE por valor de 221.985 euros.

Investigación de la Fiscalía

El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería abrió diligencias previas en junio de 2014 tras la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial al estimar que los hechos que resultaron de las indagaciones realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF presentaban características que hacían "presumir la posible existencia de infracción penal".

La Fiscalía de Almería pidió que se judicializase la investigación al apreciar, a la espera de una más "depurada valoración jurídica", que los citados informes policiales con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos delitos de fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.

En su denuncia, solicitó, además de la incoación de diligencias previas, que se oficiase a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF para que realizase "una investigación profunda y detallada de los hechos" en relación a la provincia de Almería.

El Ministerio Público indicaba entonces que lo actuado hasta el momento daba cuenta de "irregularidades" que habrían sido "detectadas" en la obtención de subvenciones "por parte de determinadas personas físicas y empresas" en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el SAE".

Remarcaba que "en la mayoría" de los beneficiarios de las subvenciones se producían "graves incumplimientos de los requisitos" que la legislación y señalaba, "como más destacadas", el incumplimiento "generalizado del compromiso de contratación", la práctica de "caza de subvenciones" por parte de algunas empresas, la "falta de solvencia" y "experiencia" en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben "la ayuda pública".