IU quiere aprobar la ley para la banca pública en octubre en paralelo a la de Presupuestos

Maíllo, acompañado por Cortés, Valderas, Castro, Rodríguez y otros miembros de la coalición./
Maíllo, acompañado por Cortés, Valderas, Castro, Rodríguez y otros miembros de la coalición.

El instituto de crédito contará con 1.428 millones de euros, ahoraconsignados como fondos reembolsables

MARIA DOLORES TORTOSA

Esta semana será clave en la elaboración de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2015. El Ejecutivo de Susana Díaz conocerá con detalle los ingresos del Presupuesto del Estado, al llegar este al Congreso. PSOE e IU podrán abordar entonces la concreción de las grandes cifras, cuál será el global de las cuentas públicas, si más o menos de los 29,6 mil millones de euros de este ejercicio.

PSOE E IU ya han acordado la línea maestra de las cuentas: No tocar sanidad y educación. A partir de ahí, todo puede sufrir recortes. Pero ambas formaciones también mantienen negociaciones sobre compromisos del acuerdo de gobierno de 2012 de los que IU exige salida en paralelo a los Presupuestos.

Esta formación ha exigido al PSOE que antes de que finalice el trimestre sean una realidad, con vista al Presupuesto del próximo año, reivindicaciones como la banca pública, pero también quiere que se aprueben los proyectos de ley para el banco de tierras, la renta básica y la reforma de la Cámara de Cuentas.

PSOE e IU negocian sobre ello, pero aún no hay luz verde definitiva para ninguna de ellos. El coordinador general de IU CA, Antonio Maíllo, ya ha dejado claro que la banca pública es una exigencia ineludible de su formación en el nuevo presupuesto. IU pretende que el Consejo de Gobierno apruebe este octubre su proyecto de ley, al mismo tiempo o antes que el de Presupuestos para 2015.

La llamada banca pública se denominará en realidad instituto de crédito andaluz, ya que no contará con ficha bancaria, aunque IU quiere que la ley deje abierta esta puerta. Para una ficha bancaria necesitaría autorización del Banco de España, lo que retrasaría que este próximo ejercicio entrara en vigor, como pretende IU.

El instituto de crédito contará con 1.428 millones de euros, según ha informado el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. La mayor parte es la cantidad que aparece en las cuentas públicas destinada a fondos reembolsables con el fin de impulsar la actividad económica de Andalucía. Este ejercicio hay consignados para ello 1.280,8 millones de euros (internacionalización, desarrollo empresarial, pymes culturales, energías renovables, economía sostenible...) Se trata de créditos con bajos intereses. Valderas, según Efe, ha aclarado que el objetivo es recuperar la vieja fórmula de los institutos de crédito europeos, como un ICO andaluz.

Fraude en los cursos

La reforma de la Cámara de Cuentas es otra exigencia que IU quiere concretar antes de final de año. Para IU el presunto fraude en los cursos de formación demuestra cuán necesario es que la institución encargada de controlar las cuentas públicas andaluzas tenga mayor capacidad fiscalizadora, lo que implicaría posibilidad de sanciones. Para esta reforma PSOE e IU deben negociar también con el PP, principal partido en el Parlamento y con el mayor poder en las alcaldías y diputaciones. Según ha denunciado de forma reiterada el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, las entidades locales son los más reacias a dar información de sus números. Hasta ahora ha habido varios borradores, pero no un texto definitivo.

IU también presiona al PSOE para aprobar este trimestre la ley integral de Agricultura, que incluya el llamado banco de tierras, también con las propiedades rústicas de la Junta como fondo. Hasta ahora el PSOE ha ido dando largas a esta vieja reivindicación de IU, que incluso ha hecho público un borrador sobre cómo debe constituirse.

La renta básica, como también lo tuvo la banca pública, cuenta con un grupo de trabajo en el Parlamento. IU apremia sus conclusiones para que sirvan de base a la ley que también pretenden que se apruebe antes de final de año, de forma que se incluya en estos una partida específica.

Esta ley, recogida en el Estatuto, debería institucionalizar las ayudas a familias sin recursos, lo que ahora se llama ingreso mínimo de solidaridad o salario social, para lo que hay consignados este año 100 millones de euros. El pasado ejercicio 55.577 andaluces cobraron esta renta (397 a 641 euros durante seis meses).