Decretan busca y captura para un supuesto miembro de una red de estafa con reventa de multipropiedad

El fiscal acusó por los delitos de estafa y asociación ilícita inicialmente a 18 personas, aunque uno de ellos falleció y siete estaban declarados en rebeldía cuando se celebró, en mayo de 2010, el primer juicio por esta causa, en el que 10 procesados se conformaron después de que sus abogados defensores y la acusación pública llegaran a un acuerdo.

Ahora, también la Sección Novena de la Audiencia tenía previsto juzgar a uno de esos acusados que estaba en ese momento en rebeldía y que, según el escrito inicial de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, formaba parte de una de las dos organizaciones, con vinculación entre ellas, que supuestamente se dedicaba a la estafa mediante dicho sistema.

Según esas conclusiones del fiscal, los acusados, de distintas nacionalidades, crearon para tener "un enriquecimiento ilícito" una estructura empresarial que "renovaban periódicamente desvinculándose de las sociedades previas para evitar ser localizados". Como tarjeta de presentación, se utilizaba "un gran número de sociedades, algunas registradas, otras off shores y otras simplemente inexistentes".

En la organización, cada acusado tenía una función. El primer contacto se establecía a través de teleoperadores, que ofrecían a las víctimas la gestión de la venta de su timeshare "a un precio muy atractivo con información de un posible comprador que en realidad no existía". Para esta operación, los acusados "exigían como condición previa el envío de una cantidad de dinero.

Para evitar ser detectados instauraron la "metamorfosis" cada dos o tres meses del entramado societario y de la infraestructura delictiva, según sostiene la acusación pública, renovando las empresas utilizadas. Así, en un primer momento existía un grupo de personas, lideradas por un británico y su mujer y, posteriormente, otro que dirigía un acusado sudafricano, que falleció.

Según el ministerio público, el acusado para el que se ha dictado ahora orden de busca y captura formaba parte de esa segunda organización y en su domicilio de Mijas-Costa se encontró documentación relacionada con el tiempo compartido de varias empresas y listados de propietarios de multipropiedad, que para el fiscal, lo vinculaban con las supuestas estafas.