Bendodo y Oña ponen a examen a la nueva presidenta de la Junta

Susana Díaz tendrá mañana el primer examen del Partido Popular en el Parlamento Andaluz con la trama de Los ERE de fondo. Esperanza Oña avisó que se podría dar un "esperpento" ya que el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, podría ser nombrado senador y así quedaría aforado ante el Tribunal Supremo. "Si desapareciera de esa lista, sería una prueba inequívoca de esa transparencia nueva", declaró la alcaldesa de Fuengirola en relación al discurso de investidura de la socialista.

Otro punto importante será la petición del partido de la oposición a que se abra una comisión de investigación sobre los ERE. "El auto de la juez Alaya merece una nueva comisión que aclaré lo que no hizo la cerrada el año pasado en falso. Si la nueva presidenta de la Junta quiere luchar contra la corrupción, debe reabrirla y demostrar su verdadera voluntad de aclarar todo hasta las últimas consecuencias", propuso Bendodo tras conocer la imputación de los dos ex presidentes andaluces.

Esperanza Oña aprovechó para dar un decálogo que será la guía en la que se moverá el partido para que la Junta cumpla sus funciones con Málaga. La diputada andaluza pidió que los presupuestos se hagan provincializados, para que los malagueños sepan lo que se ha invertido en su provincia. Pidió compromiso para que el metro siga siendo subterráneo y no como tranvía. "Nosotros presentamos 50.000 firmas que no deberían ser necesarios porque ya había un compromiso entre la Junta y la ciudad", expresó Oña.

La diputada centró su tercer compromiso en seguir exigiendo el macrohospital, además de terminar las infrastrecuturas sanitarias que ya están en marcha. También centrarán sus esfuerzos en que el dinero recaudado por el canon de saneamiento sirva para realizar infraestructuras, que según el Partido Popular, no se está haciendo.

En la segunda mitad de este decálogo figuran la libertad del horario comercial, la eliminación de las aulas prefabricadas, la reactivación de los panes de empleo paralizados desde 2011, el pago de la dueda que la Junta tiene con los Ayuntamientos, la revocación del Decreto Litoral y la búsqueda de soluciones urbanas para el problema del Guadalmedina.