El Gobierno cambia el protocolo de emergencias tras el caos de Madrid

Fernández de la Vega repasó los hechos del 9 de enero en la capital. Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del día anterior preveían una nevada de dos centímetros sobre Madrid. Esto implica un nivel de riesgo amarillo, que no conlleva medidas de actuación, sólo de alerta. Sin embargo, el cambio brusco de la tormenta desbarató todos los planes. A las 7.30 horas, según relató la vicepresidenta, la Aemet cambió el color de la alerta: de amarillo a naranja.

Pero la reacción fue a deshora. Quitanieves, miembros de Protección Civil y Guardia Civil salieron tarde y se quedaron tirados, ya que no estaban preparados. Para modificar esta respuesta, Fernández de la Vega apuntó la necesidad de cambiar «el automatismo del nivel naranja» en la práctica, se traduciría a los retenes estén preparados con el color amarillo.

Para aumentar esta flexibilidad, el Gobierno tendrá en cuenta las condiciones especiales de las grandes ciudades e impulsará la integración de los responsables de carreteras de las comunidades autónomas en los Centros Coordinadores de Tráfico. También se aumentarán los medios técnicos con la instalación de sistemas de navegación en los vehículos de la Guardia Civil y de la Dirección General de Tráfico; se construirán más medianas para el paso de los vehículos de seguridad y quitanieves y habrá una reforma legal. El Ejecutivo presentará un proyecto de ley de Protección Civil que permita la coordinación entre las administraciones. Además, posibilitará que la Unidad Militar de Emergencias pueda contestar a las peticiones tanto del Estado como de las autonomías.

La vicepresidenta también defendió el cierre del aeropuerto «por motivos de seguridad». Se cancelaron 571 vuelos de los 1.123 programados y se desviaron 62 aviones a otros aeropuertos. En total, 45.000 personas se vieron afectadas por la nieve.

Más derechos

Fernández de la Vega consideró que fue una decisión acertada y correcta, aunque reconoció que los viajeros no contaron con una información clara de los retrasos o de las cancelaciones. No obstante, puntualizó que estos avisos son competencia «de las compañías aéreas». Asimismo, la portavoz apuntó que «el conflicto de Iberia agravó la situación».

Para que el caos en el aeropuerto madrileño no se repita, el Ejecutivo prevé reforzar los derechos de los usuarios con más inspecciones de la Agencia Española de Seguridad Aérea. Además, se crearán ventanillas únicas de reclamación bajo el paraguas del Instituto Nacional de Consumo, que establecerá un protocolo de actuación ante las denuncias de los pasajeros. Estas nuevas oficinas -llevadas por personal formado por las asociaciones de consumidores, entre otras instituciones- se encargarán de de tramitar las quejas a la administración local, provincial, regional o nacional.

Por último, el Gobierno pondrá en marcha una nueva campaña de sensibilización e información en situaciones de emergencia para evitar otra crisis.