El control de la obra social de Unicaja se convierte en objeto de pugna entre los gobiernos central y andaluz

El PSOE no quiere que la principal obra social de una entidad financiera en Andalucía, la de la malagueña Unicaja, deje de estar tutelada por la Junta para pasar a ser supervisada por el Ministerio de Economía. El rechazo de los socialistas a lo que consideran una muestra del «afán recentralizador» del Gobierno central se plasmará hoy en la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento Andaluz que insta a la Junta a «demandar al Gobierno central que realice todas las actuaciones necesarias para que se mantengan las competencias actuales para ejercer el protectorado sobre las fundaciones bancarias cuya sede y actividad principal se desarrolle en la comunidad autónoma correspondiente y, singularmente, en Andalucía».

De esta forma, el control sobre la obra social de Unicaja se convierte en objeto de pugna entre los gobiernos central y autonómico. El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, llegó a afirmar ayer que el Gobierno central pretende «llevarse» a Unicaja de Andalucía, a través de una modificación de la Ley de Cajas que el PP quiere realizar a través de una enmienda al proyecto de ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, que está en tramitación parlamentaria.

La aplicación de dicha enmienda supondría el fin de las actuales competencias de la Junta sobre las fundaciones bancarias que desarrollen su obra social principalmente en la región. Y es que según la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, que entró en vigor a finales del pasado año, las cajas deberán transformarse antes de 2016 en fundaciones bancarias, que tendrán como únicas funciones el desarrollo de la obra social y la gestión de su participación en los bancos donde tienen volcada su actividad financiera. Esta última faceta estará supervisada por el Banco de España, mientras que la obra social quedará bajo el protectorado estatal o autonómico, en función del ámbito geográfico de su obra social. Si éste excede de una comunidad autónoma, el Ministerio de Economía estará encargado de su supervisión; en el caso contrario, sería el gobierno autonómico correspondiente.

Sin embargo, el PP ha introducido una enmienda a la citada ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito que determina que el Ministerio ejercerá el protectorado siempre que la fundación tenga una participación directa o indirecta en la entidad de al menos un 10% del capital o de los votos, cuando sea su mayor accionista o cuando el 40% o más de los depósitos de la entidad o entidades en las que participe estén captados en otra región. Este criterio supondría que la fundación de Unicaja pasara a estar supervisada por el Gobierno central.

Jiménez se mostró convencido de que esta reforma está pensada para «expropiarle» competencias a Andalucía y, concretamente, a Málaga, porque al PP «no le gusta que en esta provincia haya una entidad solvente y muy bien posicionada, que juega actualmente un papel fundamental en el sistema financiero de este país».

De salir adelante esa reforma legal, según Jiménez, Unicaja dejará «de ser andaluza». Por ello, advirtió de que los socialistas se van a oponer a ello «con uñas y dientes». Asimismo, preguntó al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, si va a estar «con Málaga y Andalucía o con el ministro de Economía».

El proyecto de ley de Ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito recibió ayer el visto bueno de la Comisión de Economía del Congreso con el único voto del PP. Entre las funciones que tendrá el Ministerio como protector de la fundación estarán verificar si los recursos económicos han sido aplicados a la obra social y ejercer provisionalmente las funciones de gobierno si faltasen todos sus miembros, en ambos casos con informe vinculante de las comunidades donde se desarrolle la obra social. Si Economía tuviera que designar nuevos patronos, habrá de procurar que estén representadas las comunidades con obra social.

Además, a través de las enmiendas del PP se fija en nueve meses el plazo para que las fundaciones que tienen su origen en una caja de ahorros se transformen en fundaciones bancarias . Y se permite que los consejeros de las entidades financieras puedan compatibilizar su cargo con el de patrón de la fundación como máximo hasta el 30 de junio de 2016.