El Ayuntamiento sólo actuó contra la discoteca de Príes cuando se quejó el hermano de la concejala

El Área de Medio Ambiente informó ayer de los antecedentes del caso, con numerosas quejas vecinales contra este negocio, y que arrancan el 27 de septiembre de 2012. El 22 de octubre se recibe una petición del Defensor del Ciudadano interesándose por la cuestión, siempre a requerimiento de los residentes. Todavía no se toman medidas drásticas, más allá de la apertura de un expediente. En invierno el problema baja y se queda latente. Pero el 2 de septiembre de 2013 vuelve a reactivarse, poco después de la apertura del hotel, que interpone una primera denuncia.

«Ruido inaguantable»

Primero se le solicita a los titulares que presenten la documentación relativa al limitador acústico que es obligatorio en todas las discotecas, como relata el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez. Siguen llegando reclamaciones: el 23 de octubre la Policía Local hace un informe que recoge seis actas. A raíz de estas últimas, entre el 9 y el 10 de noviembre el Consistorio pide a la entidad colaboradora Unison que haga una medición acústica, que se lleva a cabo en el interior del hotel La Casa Azul, por la negativa del bar a que se haga en su interior.

Esta arroja unos datos contundentes: 52 decibelios (equivalente a una carretera con tráfico muy intenso) en el interior. Son 22 más que el límite permitido y casi cuatro veces más que la cantidad máxima (6 decibelios) para ser considerada una falta muy grave (que conlleva una multa superior a los 12.000 euros). La situación fue calificada por el edil como «ruido inaguantable». Con estos mimbres, el 15 de noviembre se decreta el cierre cautelar, que se hace efectivo el día 22.

Para Raúl Jiménez, estos datos demuestran el argumento contrario, en la medida en que las quejas venían de antiguo cuando se decidió actuar. «No hay tráfico de influencias por parte de nadie; en todo caso, nos podrán acusar de haber tardado mucho», afirma, y destaca que este es el caso más grave de ruido procedente de un local adyacente en la historia de su departamento. A su juicio, la primera vez que llama un vecino no se mide para evitar casos de animadversión: «Instamos a que haya dos o tres quejas, y en ese momento vamos y medimos, y si se superan los niveles y el caso es muy grave hay que cerrarlo». Además, hay distintos criterios de actuación, según la denuncia sea por ruido ambiental (caso de la primera de los residentes en el caso de Príes) en el que lo que se comprueba es que no salga ruido hacia el exterior; o por la denuncia de un colindante (lo que ocurre con el hotel). Asimismo, desde el Ayuntamiento ponen de relieve que durante el año pasado se cerraron varios negocios en un plazo similar a este, de entre uno y tres meses, e incluso en algunos solo se tardó un día en clausurarlo. «Los plazos han sido los habituales, no distinguimos si es de uno o de otro», sentencia Jiménez.

Muy diferente es la opinión del administrador de la sociedad que gestionaba la discoteca. «Hasta septiembre del año pasado (poco después de abrir el otro negocio) no tuvimos ningún problema, pero a partir de ahí teníamos a la policía todos los viernes y sábados allí», asegura el empresario, que ha decidido poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, ante la posibilidad de que se hayan producido los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Tras lo ocurrido, opta por no volver a abrir el local. A su juicio, se han observado varias irregularidades en la tramitación de los permisos ambientales para el hotel, que también han sido denunciados.