Más de 9.300 cuidadores dejan de cotizar por los recortes en dependencia

Esto supone que apenas el 7% siguen cotizando para poder cobrar una pensión en un futuro, haciéndolo de su propio bolsillo. Al suprimirse el régimen especial de cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, la Administración del Estado 'invitó' a los afectados a costearse sus cotizaciones extinguiéndose así el convenio especial suscrito en 2007 para que los cuidadores no profesionales pudieran regularizar su actividad. Durante los primeros meses, hasta final de 2012, se bonificaron las cuotas de quienes decidieran seguir afiliados, con un descuento del 15%.

Pero son pocos los que pueden hacer frente al pago de las cotizaciones, que ascienden a 163,04 euros al mes, máxime cuando la reforma de la Ley de Dependencia de 2012 -Real Decreto 20/2012, de 13 de julio- estipuló además un recorte del 15% en las prestaciones que venían recibiendo. El hecho de que una persona deje de cotizar a la Seguridad Social no significa que no pueda continuar como cuidadora no profesional a efectos de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Esta cantidad, que reciben más de 20.000 personas y que rondaba los 370 euros al mes, se vio reducida en unos 55.

Cobrar una pensión

La figura del cuidador no profesional es una de los recursos que la ley reconoce a los dependientes y su valor reside en que se trata de una persona cercana al enfermo o anciano que posibilita que su vida diaria se desarrolle en casa. Aunque hay más de 20.000 en la provincia, solo han llegado a estar afiliados en el régimen especial aproximadamente la mitad porque el resto ya cotiza por otros trabajos o bien están jubilados, como explica el presidente de la Asociación Española de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que señala que los 732 cuidadores que continúan afiliados -654 mujeres y 78 hombres- lo hacen en su mayoría «porque necesitan cotizar para garantizarse una pensión al estar cercana su jubilación».

Para este especialista, la expulsión de la Seguridad Social de la mayor parte de los cuidadores al no costear el Gobierno sus cotizaciones supone «la pérdida de un derecho subjetivo». Además, a su entender, «desde la perspectiva feminista se trunca un estatus reconocido a las mujeres en 2007». «Las políticas sociales no son políticas de género, pero las mejores políticas de género son las políticas sociales», señala. «Para el Gobierno supone un ahorro, pero es un recorte de mil millones de euros al dejar de pagar las cotizaciones y fastidiar a las mujeres», denuncia Ramírez.

A nivel nacional se han perdido más de 154.000 cotizantes desde la entrada en vigor de la medida que suprime el pago de las cuotas por parte de la Administración. Tras Madrid (881) y Barcelona (2.038), Málaga es la provincia con más personas afiliadas como cuidadores en el ámbito familiar, aunque esta cantidad cae mes a mes desde noviembre de 2012.