El 97% de los abortos que se practican en Málaga no serían posibles con la ley de Gallardón

Según la futura Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer, se limitarán a dos los supuestos permitidos y financiados con dinero público: violación dentro de las 12 primeras semanas de gestación y riesgo para la salud psíquica y física de la madre en las 22 primeras. Así, aplicando de forma estricta esta nueva regulación y atendiendo a los últimos datos sobre abortos publicados por el Ministerio de Sanidad, de las 5.116 interrupciones del embarazo que se practicaron en clínicas acreditadas en la provincia en 2012, sólo 119 cumplirían con esos parámetros, apenas un 3% -107 por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y 12 por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable-. Casi la totalidad de los abortos, 4.898, se produjeron por motivos personales y 99 por riesgo de malformaciones en el feto, dos supuestos que no contemplaría la nueva ley y que ha provocado numerosas críticas.

En el caso de malformaciones, sólo se podrá interrumpir el embarazo dentro de las 22 primeras semanas siempre que exista un grave peligro para la salud psíquica de la mujer que tenga su origen en la existencia en el feto de alguna anomalía incompatible con la vida.

Además, según el representante en Málaga de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción de Embarazo (ACAI), Alberto Stolzenburg, las mujeres a las que ampara la ley porque seguir adelante con la gestación puede poner en peligro su vida, se encontrarán con dificultades en el camino al exigírseles que presenten dos informes médicos independientes a la clínica en la que se practicará la intervención. Sólo se elimina este condicionante ante peligro vital para la mujer en caso de urgencia.

Informes médicos

Según Stolzenburg, en el caso de problemas psíquicos será muy complicado encontrar especialistas que realicen estos informes. «En España la cifra de psiquiatras es inferior a la media de otros países y además este colectivo ya ha advertido de que no van a a asumir tareas que no les corresponden», advierte.

Entre sus argumentos para rechazar la nueva regulación, ACAI explica que la ley aprobada en 2010 y todavía en vigor no ha producido ningún aumento de las interrupciones voluntarias del embarazo. Sin embargo, en Málaga sí se ha observado un incremento al pasar de 4.977 casos en 2009 a los 5.116 registrados el año pasado. No obstante, en comparación con 2011 se ha producido un leve descenso de 71 abortos que la presidenta de la asociación, Francisca García, relaciona con los flujos migratorios y la liberalización de la píldora del día después.

Además de eliminar el aborto libre, otro de los cambios que incluye el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno es que desde su entrada en vigor se volverá a exigir la autorización paterna en el caso de todas la menores. En Málaga, en 2012 interrumpieron su embarazo 600 féminas pertenecientes al grupo de edad de 15 a 19 años -el Ministerio no ofrece datos más detallados-, una cifra que en 2009 alcanzaba las 615. De las menores de edad que acuden a clínicas acreditadas a poner fin a la gestación, sólo 10% van sin sus padres, según ACAI.

En Málaga hay cuatro clínicas autorizadas para practicar abortos -Atocha Ginecológica, Ginecenter, Clínica El Sur y Sáez de Santa María-, de las que las tres primeras están además concertadas con el SAS, que les deriva los casos. La mujer que quiera abortar en los supuestos permitidos debe acudir al médico de familia, que le dará información sobre las diferentes técnicas y sobre ayudas a la maternidad, así como la derivación para un centro acreditado si en un plazo de tres días decide seguir adelante.