Jornada decisiva para evitar la huelga de basuras

Aunque desde el Ayuntamiento aseguran que la oferta lanzada por el alcalde la noche del sábado es la última, sí que se espera un nuevo gesto que permita acercar posturas. De momento, lo que propone la empresa es una rebaja salarial del 1,65% (unos 500 euros brutos anuales) en 2014 y la congelación de la antigüedad (su actualización supone una subida del 5% del sueldo por bienio) hasta diciembre de 2016 a cambio de no suprimir la paga de productividad que se abona en enero, aunque sí que se quedaría como hasta ahora (867 euros brutos) pese a que en 2014 está estipulado su aumento hasta los 1.119 euros. Con estas medidas, además de la distribución de las vacaciones durante todo el año (15 días entre mayo y octubre y otros 15 en invierno), la ampliación de la jornada laboral de forma que los operarios trabajarían uno de cuatro sábados, la reducción de la partida para vestuario y la eliminación de la cesta de Navidad (68 euros) y del complemento que abona la empresa en caso de hospitalización o baja por enfermedad, Limasa asegura que se alcanzaría el objetivo de reducir los gastos de personal en 7,1 millones (actualmente suponen 65 de los 85,9 millones del presupuesto).

Mientras, los trabajadores plantean como alternativa un recorte salarial del 2,6%, aunque condicionada a que se mantenga la actualización tanto del plus de antigüedad además de conservar la quinta semana de vacaciones toda vez que la empresa insiste en no computar como ahorro esas seis jornadas extra por trabajador. Todo ello en un convenio que se extendería sólo hasta 2014 o, a lo sumo, 2015 «siempre que hubiera alguna contraprestación».

Optimismo municipal

«Sinceramente, confío en que podamos llegar a un acuerdo, ya que no estamos tan lejos de conseguir ese ahorro, puesto que sólo con la reorganización de las vacaciones y los descansos ahorraríamos 4,5 millones en contrataciones eventuales», afirmó el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez. Por su parte, el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, incidió en la necesidad de que «todas las partes renuncien a algo» recordando que, «hasta ahora, todos los recortes que está planteando la empresa recaen sobre la espalda de los trabajadores». «Vamos a la reunión con ganas de llegar a un acuerdo, pero no todo puede ser a nuestra costa», recalcó el dirigente sindical.

También se pronunciaron ayer los dos grupos políticos en la oposición. La portavoz socialista, María Gámez, abogó por «evitar a toda costa una huelga que no favorece a nadie», aunque volvió a reprochar a De la Torre que, tras el encuentro del sábado, se hayan aparcado las conversaciones hasta esta noche. «No debería haber abandonado la negociación; no hay nada más importante que cerrar un acuerdo en estos momentos por el bien de todos». Cara al futuro, la edil del PSOE también pidió al equipo de gobierno del PP que «tome el control de la empresa para que este servicio público básico sea municipal y se gestione únicamente con objetivos de interés general y no mercantiles como hasta ahora».

En términos similares se expresó el líder de IU, Eduardo Zorrilla, al afirmar que «el alcalde quiere que los trabajadores hagan sacrificios mientras no exige nada a la parte privada (FCC y Urbaser, y en menor medida Sando y Unicaja), la cual se ha beneficiado estos años del servicio de limpieza. Esas empresas sí que son privilegiadas y no los trabajadores como pretende hacer creer De la Torre», subrayó Zorrilla, quien abogó por «negociar a corto plazo un recorte de los beneficios empresariales y, a largo plazo, acometer la municipalización de la empresa, lo que supondría un ahorro en cinco años de entre 21 y 27 millones de euros». Además, el portavoz de IU anunció que en el pleno del próximo viernes preguntarán sobre las cuentas de Limasa, concretamente sobre la aportación municipal por costes indirectos, los beneficios empresariales o el número de tarjetas de crédito que hay en Limasa.

Cita en el Sercla

Pase lo que pase en la reunión de hoy, la incertidumbre se mantendrá hasta el final. Si las posturas siguieran enfrentadas, las partes forzarían un último intento de acercar posiciones mañana, primero en el servicio de mediación de la Junta (Sercla), donde están citados a primera hora; y si fuese necesario, por la tarde. Sobre esta cuestión, los representantes sindicales aseguran estar dispuestos a «dialogar las horas que sean necesarias», aunque advierten de que su tope serán las 22.00 horas para así tener tiempo suficiente para ir organizando el paro y los piquetes informativos.

En el mejor de los casos, si se alcanzara un principio de acuerdo, la última palabra la tendría la plantilla en una asamblea que convocaría de urgencia el comité mañana por la noche en el parque central de Los Ruices. Una votación cuyo resultado se antoja imprevisible a tenor del precedente del pasado mes de marzo, cuando los empleados tumbaron la propuesta que los sindicatos habían consensuado previamente con el alcalde al exigir garantías de que este año no les iban a tocar el sueldo. Al día siguiente, apenas unas horas antes del inicio del paro indefinido, sí que refrendaron la desconvocatoria de la huelga.

En previsión de que el conflicto pueda alargarse, el Colegio de Abogados se ofreció como mediador entre las partes. «Nuestro objetivo es poner todos nuestros recursos a disposición de la empresa y de sus trabajadores para mediar como tercero imparcial y neutral» apuntó el decano de la institución, Francisco Javier Lara.