El TSJA no avaló la exigencia municipal de no pagar la factura del metro

De momento, el alto tribunal sólo se ha pronunciado sobre la primera de las tres liquidaciones que hizo Fomento, y que fueron denunciadas por el equipo de gobierno municipal, por un importe de 8,19 millones de euros, según el auto 537/13, al que tuvo acceso este periódico. En este documento ya se refiere el TSJA a la existencia de otras dos liquidaciones, hasta un total de 32,31 millones, que previsiblemente correrán la misma suerte.

Curiosamente, este fue comunicado a las partes el pasado 18 de noviembre, justo una semana después de que el protocolo de intenciones firmado el pasado 11 de noviembre (que permitió desbloquear la puesta en servicio y el avance de esta infraestructura hacia el Centro y el Hospital Civil) determinara que el pago de esta cuantía se compensará sin dinero, sino mediante obras de movilidad sostenible realizadas por el Consistorio en la ciudad.

En cambio, el protocolo de intenciones no dice nada sobre las obras que están en marcha (caso de Callejones del Perchel) y las que están por llegar, como son la extensión en subterráneo hasta la Alameda Principal, con la creación de la estación Atarazanas; y en superficie hasta el Hospital Civil, por Eugenio Gross. Ambas actuaciones tienen un presupuesto estimado de 70 millones de euros, sobre los que, en virtud de esta resolución, la Consejería tendría ahora una posición de fuerza para reclamar su parte (un tercio adelantado a las futuras aportaciones estatales) al Ayuntamiento de Málaga.

Según el relato que ofrece el auto, el equipo de gobierno municipal pidió las medidas cautelares sobre estas facturas el 18 de septiembre, al entender que la obligación de pagarlas supondrían un grave desequilibrio financiero en las cuentas municipales. Al tiempo, alegó que esa cuantía supera la inversión prevista por la ciudad en todo 2013 (30 millones de euros); y afectaría gravemente al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. También descarta la posibilidad de acudir a un crédito para hacerle frente, por el objetivo de endeudamiento fijado por el Gobierno.

Tesis de la Junta

Frente a esto, la Administración autonómica alegó que el Estado no ha puesto la suma completa de la parte que le correspondía, por lo que, hasta que esta premisa se cumpliera, el convenio de colaboración suscrito el 15 de abril de 2003 estipula que el dinero lo debían adelantar la Junta y el Ayuntamiento. En definitiva, dice Fomento, «la petición suspensiva plantea la cuestión como un incremento sobrevenido del gasto, cuando lo cierto es que se trata de un compromiso de gasto con un calendario predeterminado, que arrancaba en 2005».

A ello, se une el hecho de que el tribunal dé por bueno lo estipulado en el convenio de 2003, que estimaba unos plazos claros de pago por parte del Consistorio, por lo que no cabe alegar ahora que estas partidas no han sido presupuestadas.

Por todo ello, la Sala desestima la adopción de medidas cautelares, medida contra la que cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.