«El derecho penal no está constituido para satisfacer la venganza de las víctimas»

-La irretroactividad es en el derecho penal una verdad de perogrullo, pero tanto el Supremo como el Constitucional avalaron en su día la 'doctrina Parot'. A la vista del fallo de Estrasburgo, algo previsible, todo indica que se optó por una falacia táctica.

-Todos sabíamos cuál iba a ser el desenlace. La doctrina penal, incluidos jueces y académicos muy reconocidos, publicaron artículos razonando que era infundada la doctrina Parot. Tomás Vives Antón, que fue vicepresidente del Constitucional, fue uno de los que lo advirtió. ¿Por qué el Supremo tomó la decisión, aunque con una minoría en contra? Había una serie de presiones mediáticas, populistas, un Gobierno preocupado por el coste político de cumplir la ley. Sea porque las interiorizaron sea porque hubo otras vías menos confesables, se tomó una decisión insostenible. A todos sorprendió que el TC se hiciera eco de esa falta de fundamento pero que no tomara la decisión contundente correcta. Fue una decisión para salir del paso.

-Sin esta doctrina, se argumenta que el escenario actual de ETA hubiera sido otro, pero ahora se reabren heridas para las víctimas.

-Los partidos mayoritarios, tanto el popular como el socialista, tienden a ver las decisiones judiciales desde una perspectiva cortoplacista, ajena a las exigencias que pueden emanar del Estado de derecho, y en función de los votos que les puede dar o quitar.. Ahora PP y PSOE parecen tener la misma preocupación, que las víctimas se les echarán encima. Pero esto no es un problema de lo que digan las víctimas, es un problema de si vivimos en un país sometido al imperio de la ley. ¿Por qué sin la 'doctrina Parot' iba a haber más violencia? ¿Quién tiene esos datos? Nadie ha puesto sobre la mesa estudios serios que demuestren que sin ella la lucha contra el terrorismo hubiera ido peor. Eso son opiniones. En cuanto a su preocupación por la opinión de las víctimas es verdad, se sienten ultrajadas, pero es que el derecho penal no está construido para calmar los sentimientos de venganza de las víctimas, aunque desgraciadamente eso cada vez cala más en la sociedad. El derecho penal está para asegurar una convivencia pacífica, un orden social en un marco de libertad e igualdad. La reacción a esas conductas execrables no se modula en función de lo que a las víctimas les parece bien o mal. Los daños que se les ha causado, en la medida que se puedan resolver, se atienden a través de vías civiles y asistenciales. Las víctimas, por supuesto, pueden opinar sobre las leyes penales y las decisiones judiciales pero en el mismo plano que cualquier otro colectivo, pero los gobiernos son rehenes de las asociaciones de víctimas de delitos.

-Eso es una posición demasiado académica.

-No, perdone, es política, desde el Estado de derecho.

-Pero no parece que la opinión de víctimas del terrorismo y sean equiparables a las de otras...

-Es cierto que no se les puede pedir una reacción fría. Tampoco a mí, si me matan a un familiar cercano, se me podría pedir que hiciera este tipo de razonamientos. Si pudiera matar al que lo ha matado quizás lo haría. Eso es comprensible, pero lo normal en un Estado de derecho es que haya alguien que me impida hacerlo. La política criminal condicionada por los deseos de venganza de las víctimas es algo descabellado. No es que esté bien o mal, es que acaba con un sistema democrático y volvemos a la ley de la selva.

-Está claro que se inicia otro ciclo. Le he leído afirmar hace algún tiempo que el sistema tiene vías para medidas generosas con los terroristas...

-Es posible, no lo sé, que utilizara esa palabra, pero prefiero hablar de una política criminal normalizada. A los terroristas hay que aplicarles las mismas leyes que al resto. Pero las últimas reformas han ido en parte encaminadas a tratarlos de forma más rigorista, de forma desigual frente a otros delincuentes. Cuestiono por qué, al igual que se conceden permisos de salida, libertades condicionales al resto, no se trata igual a esas personas, que al final hemos capturado, enjuiciado y condenado. Por lo demás, las probabilidades de que esas personas tras cumplir la condena vayan a integrarse de nuevo en una actividad terrorista son mínimas. Ello sin perjuicio de que el Gobierno debe estar muy atento para impedir conductas de enaltecimiento cuando salgan en libertad.

Acreditado

-¿Tiene datos para sostener que quienes cometieron crímenes por ideas políticas no reincidirán?

-Está acreditado que la gran mayoría no lo hace. No lo digo yo. Ya lo dijo hace unos días el ministro. La mayoría no vuelve a crear problemas. Habrá excepciones, como en todo. Por lo demás, la lucha contra ETA está ganada ya, pero aunque no fuera así, en una sociedad democrática la lucha contra la delincuencia está sometida a la ley. por la cuenta que nos trae a todos.

-¿Por qué España tiene más presos que ningún otro país europeo en relación a la población?

-Sí, en Europa occidental es el segundo después de Reino Unido.

-¿Eso qué revela?

-Usted me podría decir que gracias a que las cárceles están llenas España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, porque somos eficaces contra el delito. Pero el argumento no se sostiene. También había una tasa de criminalidad baja en los 80 y 90, y teníamos una población penitenciaria muy inferior a la actual en términos absolutos y relativos. Es una relación muy leve. Las tasas de encarcelamiento correlacionan sobre todo, como se ha demostrado, con la política criminal más o menos punitiva que tenga un país, al margen del volumen de delincuencia. Una política que, no nos engañemos, se sigue centrando sobre los mismos, los sectores más desfavorecidos. Entre el 70 y el 80 por ciento de los internos están presos por delitos de hurto, robo, drogas, algo de violencia doméstica. Cuesta encontrar defraudadores fiscales, corruptos, delincuentes económicos...

-Con ese panorama cualquiera diría que hubiera intereses no confesables en crear más prisiones...

-¿Que se encarcela a más gente para hacer más cárceles? No tengo datos de que eso suceda en España, Ni parece creíble. En Estados Unidos, sin embargo, con la proliferación de prisiones privadas, hay grupo económicos, que cotizan incluso en bolsa, que según algunos investigadores presionan en esa dirección.

-¿Qué cuesta un preso en España?

-Entre 60 y 70 euros diarios, como un hotel de tres estrellas. En términos económicos es una ruina, lo menos eficiente. Lo que no quiere decir que no haya que usar las prisiones, pero se hace un uso excesivo. Hay otras penas desaprovechadas.

-¿Hemos mejorado en la legislación penal para menores?

-La ley de 2000 era, todavía es, muy buena, pero todas las reformas posteriores han ido a encaminadas a aproximar el tratamiento de los menores delincuentes al de los adultos delincuentes, justo lo contrario de lo que inspiró esa ley, centrada en resocializar, reintegrar a los menores delincuentes en la sociedad. Como sigamos reformándola en esa dirección al final funcionará mal.

-¿Qué dicen los estudios sobre el efecto de esas medidas?

-La tendencia a delinquir del menor suele ser transitoria, de forma que en la hipótesis teórica de que elimináramos la ley, si no hiciéramos nada o nos limitáramos a remitirlos a las instituciones de protección,, la mayoría dejaría de delinquir espontáneamente, una vez alcanzado un cierto proceso de maduración. Ciertamente un grupo de ellos no evolucionaría así, y por eso, y para favorecer la reinserción de todos en la medida de lo posible, necesitamos esa ley.

-El goteo de casos de venganzas en redes sociales entre jóvenes se percibe como conductas casi impunes

-¿Usted cree que esas conductas que realizan con su facilidad para manejarse con la tecnología se van a acabar porque se cambie el Código Penal? No lo creo. Sin renunciar en los casos más graves al derecho penal, el énfasis debe ponerse en la educación. Por otra parte, hay cierta actitud snob en el tratamiento de estos temas. El otro día me reía solo leyendo una noticia sobre unas recientes jornadas jurídicas. El periodista reseñaba una conferencia sobre delitos de este tipo cometidos contra menores, y aludía a ellos, quizás es que lo hizo el conferenciante, llamándoles 'sexting', 'grooming'. y otra serie de términos, todos ingleses. Mire, el derecho penal está diseñado para actuar frente a las conductas más graves para la convivencia, y aquí se pretende penar otras que todavía no sabemos cómo llamarlas en castellano. Digo yo que habrá que esperar a conocerlas bien, a saber los efectos dañosos que producen, antes de tomar decisiones penales.

-¿Cree que ante la violencia doméstica también hay un exceso de confianza en la solución penal?

-Es un ejemplo claro. No digo que no haya que castigar penalmente esas conductas, pero quien piense que va a ser a través del derecho penal como se va a superar la sociedad patriarcal y la desigualdad social de sexos está equivocado. Las vías prometedoras están en otro sitio, en la educación, en la concienciación social, etc.

-Hay quienes sostienen que incluso la actual lucha legal contra la violencia doméstica activa los mecanismos más primarios de ciertos individuos.

-El Instituto de Criminología está concluyendo un estudio financiado como proyecto de excelencia por la Junta en el que analizamos las políticas frente a la violencia contra la mujer desde la perspectiva de su eficacia, efectividad y eficiencia. Pronto podremos suministrar datos. Mientras tanto, aunque tenga algunas ideas, prefiero no decir nada.

-¿Qué fue de la denuncia del exalcalde de Ronda por su libro sobre Los Merinos?

-El señor Marín me presentó una demanda de conciliación previa, supongo, a una querella por injurias o calumnias. Consideramos que no había que rectificar nada ni compensarle económicamente, y no hubo conciliación. Eso fue en junio de 2011. No hemos vuelto a saber nada más. La investigación pretendía analizar cómo se desenvuelve un macroproyecto urbanístico muy cuestionable desde el punto de vista ambiental, qué efectos tiene en el tejido empresarial, en la administración, en los que se oponen a él sacamos conclusiones muy ilustrativas.

-Caso ERE. En la hipótesis de que un expresidente no actuara para corregir un sistema con escasos controles en fondos públicos. ¿Ve alcance penal en esa conducta?

-Todavía no sabemos si eso ha sucedido, no tenemos acceso siquiera al sumario. Me resisto a hablar sin disponer de datos suficientes. Dicho esto, todo indica que este caso no es un 'bluff', de que hay cosas muy serias y hasta dónde lo veremos. En cualquier caso, cuesta trabajo creer que estemos simplemente ante una jueza en busca de celebridad, como algunos están insinuando.

-en el 'caso Bárcenas', ¿falta perspectiva para saber el calado de la financiación ilegal del PP?

-No me interesa tanto este caso, siendo muy grave, como la proliferación de ese tipo de conductas de financiación ilegal en partidos, devastador para la democracia. Dicho esto, y sin que suene a afirmación exculpatoria, los partidos reflejan la sociedad. Un buen número de esos ciudadanos justamente indignados deberían preguntarse cómo operan en sus actividades privadas, cuál es su grado de cumplimiento fiscal, de pago de facturas con IVA, etc. Es un problema de falta de moral social muy extendido. Afortunadamente las conductas corruptas empiezan a estar estigmatizadas, pero eso vale para todos.

-¿Piensa que habrá una respuesta penal inédita para gestores de entidades financieras a las que han perjudicado gravemente?

-No parece que se vaya a reaccionar como en otros ámbitos. Ojalá respondan por algunas conductas que si tienen encaje penal.

-¿Como vender preferentes a personas sin apenas formación?

-Se están abriendo algunos procedimientos. Algunas conductas del capitalismo financiero voraz encajan en tipos penales, otras no. Eso nos ha de llevar a reformar el código para atender a conductas socialmente muy dañosas que quedan fuera. Y esto no es un aval a la reforma de Ruiz Gallardón, que tiene algunas pocas cosas buenas, como la reformulación del delito de administración desleal.

- De ella, ¿qué le ha sorprendido para mal?

-De hecho, órganos muy institucionales y poco críticos con decisiones gubernamentales, como la Fiscalía, el CGPJ y el Consejo de Estado ya han dicho que cuesta ver necesidades reales detrás de algunas de las reformas más importantes que se hacen, como la cadena perpetua, entre otras.. Un país con la tasa de delincuencia más baja de Europa, ¿tiene que introducir la cadena perpetua? Con la crisis que hay, ¿tenemos que plantear internamientos indefinidos para gente que ya ha cumplido condena? Menos mal que eso, la custodia de seguridad, lo han quitado cuando han echado cuentas.. Detrás de esas reformas solo hay maniobras populistas. Desgraciadamente el derecho penal se ha convertido en instrumento de agitación política. Puede sonar muy radical la frase, pero la mantengo.