PSOE e IU llegan a un acuerdo para volver a adelgazar las empresas públicas

Castro, que compareció ante los periodistas junto a la diputada Alba Doblas, explicó que la mayor dificultad de la negociación recae en dónde aplicar la tijera de esos 1.200 millones, máxime cuando el 85% del presupuesto está vinculado al gasto social (educación, sanidad y dependencia). El Gobierno ha decidido que los funcionarios vuelvan a ser parte del sacrificio. Castro confirmó que se mantendrán los recortes a los complementos de las pagas extra de verano y navidad de los 261.000 empleados públicos de la Junta por tercer año consecutivo, como el martes filtró el PP. «Tenemos que ser pedagógicos y explicarlo bien», dijo para agregar que no se rechaza la posibilidad de «otros recortes que compensen», sin aclararlo.

Pero los complementos de las extra de los funcionarios suman solo 322 millones de los 1.200 del ajuste. Castro admitió que las empresas públicas serán también sobre las que recaiga el peso de ese ajuste. Dijo que verán reducidas las transferencias para su financiación en más de un 4,3%, salvo las vinculadas a gasto social, sanitario o educativo. Con mucho menos dinero, los entes instrumentales tendrán que recortar sin remedio. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya manifestó el pasado jueves que todo lo superfluo «se quedará en el camino», salvaguardando «al máximo» el empleo.

PSOE e IU han acordado llevar a cabo un plan de ajuste económico financiero de cada ente instrumental de la Junta. Este acuerdo incluye una auditoría previa con la que averiguar su estado económico, financiero, deudas, número de personas contratadas y puestos que ocupan, entre otros aspectos. Una comisión política con integrantes de ambos partidos vigilarían para que se cumpla el plan.

El pasado año, la exconsejera de Hacienda, Martínez Aguayo, ordenó a las consejerías un informe sobre la situación de cada una de sus empresas, que nunca recibió. Era la segunda vez que lo intentaba. La ley de Presupuestos de este año incluía recortes de dinero que obligaban a reducir el gasto de personal, sobre todo de mandos y sueldos de estos. Según Castro, las consejerías de IU (Fomento y Turismo) cumplieron con este mandato.

La realidad del tejido de empresas y sociedades mercantiles públicas, fundaciones, consorcios y demás entes ligados a la Junta ha sido siempre una maraña difícil de desenredar. No hay datos oficiales completos de todo el entramado. La Junta informó al Ministerio de Hacienda de 245 entidades a comienzos de enero de este año. Según la Cámara de Cuentas, en ellos trabajan 28.000 personas. Según el PP, el coste de todas ellas supera los cinco mil millones.

La Junta ya inició en 2010 una reestructuración del sector, en el que se pretendía suprimir alrededor de 200 cargos directivos y 111 entes, pero tanto para IU como para el PP ha sido insuficiente. El portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, volvió a insistir ayer en eliminar «la grasa política» de lo que llama la administración paralela de la Junta en lugar de los complementos de los funcionarios para suplir el ajuste de 1.200 millones. Se refiere a los cargos vinculados al PSOE. Recordó como despropósito que un directivo de Cetursa cobró 193.000 euros como despido y luego fue recolocado en otra empresa de la Junta.