Rafael Arredondo: «Ante la paralización de la Ley de Dependencia, las familias vuelven a quedarse sin nada»

Rafael Arredondo afronta su quinto año al frente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Málaga. Una labor que en la que compagina actualmente la organización del XII Congreso Estatal, que se celebrará en noviembre en Marbella, y la denuncia constante de las dificultades que están viviendo los profesionales debido a los recortes a pesar de que los servicios sociales tienen cada vez mayor demanda por parte de las familias afectadas por la crisis.

-Paralización de la Ley de Dependencia, cambios con la reforma local, saturación de los servicios sociales comunitarios. Ha sido un curso convulso para los trabajadores sociales. ¿En qué situación se encuentra el colectivo en Málaga?

-El colectivo está preocupado por la situación de incertidumbre y presionado por la falta de recursos y la imposibilidad de poner en marcha nuevos proyectos precisamente cuando más se necesitan. La financiación que se recibe por parte del Estado y de la Junta de Andalucía para el Plan Concertado, que es la columna vertebral de los servicios sociales comunitarios, ha disminuido en un 32% desde 2008, es decir, que la inversión en este campo se limita a unos paupérrimos 4,60 euros por malagueño. Algo que se suma a la caída presupuestaria por parte de los ayuntamientos. A pesar de ello, en la provincia el sistema público de servicios sociales atiende a 135.869 personas.

-¿Qué consecuencias puede tener la reforma local en los servicios sociales en la provincia?

-Las consecuencias pueden ser muy duras para los profesionales y para la ciudadanía. Se trata de un cambio total de modelo, pasamos de un sistema donde los Ayuntamientos tienen potestad para desarrollar los servicios sociales a otro que elimina de un plumazo estas competencias. El Gobierno central le pasa la patata caliente a las Comunidades, que tendrán que asumir estos programas sin aumentar el gasto. Esto significará la reducción de programas, la eliminación de personal, y por supuesto la imposibilidad de atender al millón de personas que se atiende en Andalucía.

-¿Se está poniendo en peligro el sistema público de servicios sociales?

-Totalmente. Volveremos a que desde las instituciones caritativas y benéficas se atienda por «caridad» a las personas más necesitadas. Retrocedemos 35 años y volvemos a la etapa preconstitucional, ya que no se garantizan los derechos sociales. Esto significa que personas que sufren violencia de género; familias con menores en riesgo; mayores con necesidades de atención o situación de dependencia; personas que sufren drogadicciones; minorías éticas; inmigrantes; jóvenes de protección que cometieron algún tipo de infracción; o familias con problemas intergeneracionales y con problemas de desestructuración, quedarán desprotegidas.

-Falta dinero para pagar las residencias, se han paralizado los nuevos grados de la Ley de Dependencia y los trámites de los que tienen derecho se eternizan. ¿Podemos hablar de que la Ley de Dependencia está agonizando en Málaga?

-La Ley de Dependencia está agonizando a nivel general, desde que el mes de julio del año pasado el Ministerio puso en marcha toda una serie de reformas. Se está esquilmando y reduciendo su potencial cuando bien desarrollada es una fuente de riqueza para el país, porque cada millón de euros invertido en Servicios Sociales genera 25 empleos, una ratio que supera la media de otros sectores. De ahí que cuando se habla que la ley no es rentable, no se está diciendo la verdad y por lo que se está apostando es por otro cambio de modelo, para convertirla en un negocio en manos de grandes empresas.

-¿Las familias vuelven a quedarse solas en el cuidado de las personas dependientes a pesar de los avances conseguidos?

-Si. Ante la paralización de la ley, la familia vuelve a no tener nada. Aunque es un derecho de la persona dependiente, la realidad es que prestaciones como la ayuda a domicilio también suponen un alivio y un respiro para el resto de los familiares que conviven con ella.

-¿Ha empeorado la situación de las familias que ya estaban en situación de exclusión antes de la crisis?

-Por supuesto, por poner un ejemplo el Salario Social -una prestación económica dirigido a las unidades familiares con mayor necesidad- ha tenido un crecimiento desde 2007 hasta el 2012 de un 146%, pasando de 22.566 personas en el 2007 a 55.440 personas en el 2012, a nivel de Andalucía. Concretamente en Málaga el año pasado se presentaron 8.781 solicitudes de las que se concedieron 4.673.

-La crisis también ha disparado los desahucios. ¿Qué pueden hacer los servicios sociales ante este drama?

-Los servicios sociales pueden hacer muchísimo, desde dar una primera voz de alarma a solicitar que se paralice el desahucio a través de un Informe Social que se eleve al juzgado correspondiente. También pueden ponerse en marcha nuevos proyectos de atención a estas familias.

-Muchas familias desahuciadas o que no tienen posibilidad de acceso a la vivienda están entrando a vivir en casas vacías. ¿Cree que es una solución?

-Entiendo que cuando una familia toma esta decisión, con el riesgo que conlleva es porque la situación en la que se encuentra es extrema. Hay que valorar las circunstancias y poner en marcha mecanismos para poder anticiparse a estas situaciones.

-¿El decreto de la función social de la vivienda y el Decreto contra la exclusión social de la Junta son suficientes para paliar este panorama?

-Son instrumentos que vienen a aportar, por supuesto que no son suficientes, pero son pasos para intervenir en aquellas necesidades que en estos momentos son prioritarias en Andalucía, como es el caso de que no haya más familias desahuciadas.