Susana Díaz viajará a Bruselas para defender el decreto antidesahucios

Díaz viaja a Bruselas una semana después de que inspectores de la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) estuvieran en Madrid y entre otros asuntos reclamaron información al Gobierno sobre el decreto ley andaluz por si este puede producir algún impacto en el memorándum de entendimiento sobre el rescate a la banca. Nada ha trascendido aún sobre lo que la troika haya podido dilucidar de la información que el ministro de Economía, Luis de Guindos, crítico con el decreto, dijo que le iba a entregar.

El Gobierno de Griñán ha defendido la legalidad sin fisuras del decreto y el convencimiento de que es imposible que Bruselas le ponga reparos a una norma en defensa de los más desfavorecidos con la crisis, las personas que además del empleo pierden sus hogares. Griñán llegó a decir que si fuera así, es que «Europa no merece la pena», aunque luego ha matizado estas declaraciones.

El viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, mantuvo hace varias semanas una reunión en Bruselas con eurodiputados organizada por el eurodiputado de IU Willy Meyer, padre de Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda y una de las artífices, junto con Elena Cortés, del decreto. La reunión, preparada para explicar la medida andaluza como ejemplo a seguir, se produjo antes del 'mail' que el departamento del comisario de Economía envió a Guindos reclamando información sobre las medidas de las comunidades autónomas en materia de vivienda relacionadas con los bancos. En el 'mail' no se mencionaba a Andalucía, aunque De Guindos no lo aclaró cuando comunicó la preocupación de Bruselas por la norma andaluza.

El decreto ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda contempla expropiaciones a los bancos por espacio de tres años de aquellas casas en trámite de subasta de familias sin recursos económicos. El pasado viernes la Junta inició el trámite en Huelva de la primera expropiación para que una familia con ingresos inferiores a 800 euros pudiera seguir viviendo en su hogar. También incluye multas coercitivas de hasta 9.000 euros a las entidades bancarias que se resistan a no alquilar las viviendas en 'stock'. El decreto fue aprobado por el Parlamento sin ningún voto en contra, ya que el PP se abstuvo. Ahora se tramita como ley.