Alaya acusa a los sindicatos CCOO y UGT de cobrar a cambio de información privilegiada

Los sindicatos justificaban el cobro de un porcentaje de cada póliza «de forma tan peregrina como la toma de datos, que poco interés podía tener para la consultora pues luego debía repetirse por su carácter parcial e incompleto», dice Alaya en un auto al que ha tenido acceso Efe.

En cuanto a la Junta, Alaya afirma que las sobrecomisiones que cobraban las mediadoras han demostrado que «estaríamos ante un sistema perfectamente establecido, en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio, premisa que es absolutamente contradictoria con el grandilocuente principio de la paz social, pues ese negocio aumentaría proporcionalmente al número de ayudas concedidas». La jueza recoge que, hasta ahora, el principal debate de su investigación ha sido la presunta ilegalidad del mecanismo de transferencia de financiación usado para conceder las ayudas, figura que evitaba cumplir los requisitos para otorgar subvenciones según la Ley de Hacienda Pública y el Reglamento de Subvenciones y que obviaba el control de la Intervención General de la Junta.

Sobrecostes

Pero ahora, las últimas investigaciones de la Guardia Civil «han puesto de manifiesto un elemento nuevo que dota a la trama investigada de una visión mucho más amplia, como si las piezas del puzzle comenzaran a encajar», dice la jueza en su auto. Este elemento es el sobrecoste que cada ERE ha supuesto, durante más de una década, para las arcas andaluzas y que ahora «ofrece un mayor sentido al presunto empecinamiento de la Junta de Andalucía en disponer de esos fondos públicos al margen de las garantías que ofrece el procedimiento legal de subvenciones».

Alaya implica como presunto conocedor de las irregularidades al consejero de Empleo -que entre 2004 y 2010 fue Antonio Fernández, ya imputado- pues las sobrecomisiones «se acordaban presuntamente por el director general de Vitalia y el director general de Trabajo», el encarcelado Francisco Javier Guerrero, pero «con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos». Acusa a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, de haber recibido 303.588 euros «de procedencia desconocida» y haber aceptado regalos de viajes a Shanghai y Egipto a cambio de no convocar concursos públicos para los procesos. En el auto de prisión de Guerrero, la jueza asegura que mientras fue director general, entre 1999 y 2008, recibió en sus cuentas 303.588 euros «de procedencia desconocida», y de ellos 254.584 en cantidades iguales o inferiores a 3.000 euros, a partir de las cuales el banco está obligado a identificar al impositor. Alaya cree que ese dinero procedía de «retribuciones de los distintos partícipes en los hechos investigados que se han visto beneficiados por la concesión de ayudas públicas de manera irregular».