La Junta suprime el servicio de digitalización, lo que agravará el retraso de los grandes sumarios

Los recortes de la Junta de Andalucía van a afectar esta vez a los grandes sumarios judiciales. La Consejería de Justicia ha cancelado el contrato con la empresa encargada de la digitalización de los procedimientos, trabajo que recaerá a partir de ahora sobre los funcionarios de los juzgados. Las saturadas oficinas judiciales deberán pues encargarse del escaneo de miles de documentos, por lo que sus responsables vaticinan ya un retraso considerable en la tramitación de las causas.

En su política de austeridad, la Consejería de Justicia e Interior pretende ahorrar los 31.000 euros anuales que desembolsaba a una empresa externa para la digitalización de los sumarios, aunque no descarta «atender necesidades puntuales» en aquellos casos con un volumen extraordinario de documentos.

Su propósito es que los funcionarios vayan asumiendo estas tareas «de forma progresiva conforme vayan produciéndose las diligencias», explican fuentes de la Consejería, que añaden que el juzgado dispone de una fotocopiadora con escáner con la que «es posible realizar dichas tareas sin necesidad de acudir a empresas externas».

En ese sentido, recuerdan que los funcionarios utilizan ya el escáner, entre otros asuntos, para el uso del sistema de notificaciones telemáticas Lexnet, que permite reducir los tiempos de envío y también los costes, evita desplazamientos y supone un importe ahorro de papel.

Secretarios, funcionarios y abogados aseguran que el escaneo de miles de documentos que recaerá ahora en los juzgados tendrá como consecuencia «un retraso de la tramitación, sobre todo, de los grandes sumarios» que aún están en instrucción en la provincia de Málaga.

«Es un trabajo que se tendrá que realizar a ratos porque los funcionarios tienen que atender otros asuntos del juzgado y no pueden estar dedicados exclusivamente a esa tarea», señala una secretaria judicial.

Un funcionario de un juzgado de instrucción de la capital explica que llevan varios mes esperando para que se digitalice un sumario con unos diez tomos. «Ahora nos han dicho que lo tenemos que hacer nosotros. No sé cuándo lo podremos escanear. Además, sólo tenemos una fotocopiadora para todo el juzgado».

Uno de los afectados por la supresión del servicio externo de digitalización es el de la presunta trama de corrupción en el municipio de Alcaucín, más conocido como 'caso Arcos', que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga. El letrado José Carlos Aguilera, que lleva la defensa de uno de los principales imputados, explica que todavía no le han dado traslado de los documentos que constituyen dos piezas separadas sobre las que la juez levantó el secreto de sumario. «En el juzgado me dijeron que va para largo porque ahora tienen que escanear ellos el procedimiento». Aguilera ya presentó en una ocasión una queja al entender que el retraso obstaculizaba el ejercicio del derecho de defensa».

'Astapa', el hermano pobre

Uno de los casos que acumula más retraso es 'Astapa', por la supuesta red de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona. Con más de un centenar de imputados, está considerado el hermano pobre del 'caso Malaya' porque en su instrucción -que aún está lejos de terminar- tanto los jueces como el fiscal han reclamado peritos para examinar la documentación, sobre todo convenios; funcionarios de apoyo y medios materiales y humanos sobre todo para escanear los documentos. La medida de ahorro de la Junta provocará, si cabe, aún más retrasos en la tramitación de este macroproceso.

En el horizonte más cercano otros casos como 'Almexia' por irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Almogía; 'Acinipo', en Ronda; 'Goldfinger' en Marbella y 'Majestic', en Casares esperan en sus respectivos juzgados llegar más tarde que temprano a juicio.