Condenan a un policía de Benahavís por quedarse con el dinero de multas

Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, durante 2008 y 2009, el acusado se dedicó a ir en solitario a una urbanización y en su condición de policía, tras sancionar, «se apropiaba del importe de las multas que le eran satisfechas en efectivo y en el acto por las personas sancionadas».

Así, en un caso en febrero de 2008, según relata la resolución, paró el vehículo en el que viajaba una mujer y tres personas más y le manifestó que tenía que abonarle 90 euros por no llevar los ocupantes el cinturón de seguridad, cantidad que la perjudicada pagó y que «hizo suya el acusado».

Arbitrario

En otra ocasión, indica la sentencia conocida ayer, detuvo el coche de otro ciudadano extranjero y «pese a que el acusado sabía que este conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad, le sancionó por este motivo a sabiendas de la arbitrariedad de su decisión por cuanto no había cometido infracción alguna».

En este caso, el perjudicado le exigió una copia de la denuncia y el procesado, dice la Sala, para no ser descubierto redactó una denuncia ficticia en el boletín original que entregó a su superiora «a sabiendas de que esta segundo ficticia sanción tendría que ser anulada por ser imposible la identificación del supuesto infractor».

En otras dos ocasiones, según el Tribunal, los conductores fueron sancionados por no llevar el cinturón puesto y en otra, el acusado impuso la multa por hacer uso del teléfono móvil mientras circulaba. Las cantidades exigidas, y que «hacía suyas», oscilaban entre los 84 y los 90 euros.

En diciembre de 2009 y una vez se había decretado la suspensión provisional de sus funciones por estos hechos, el acusado ingresó voluntariamente el importe de otras tres sanciones, pero no entregó varios boletines de denuncia, por lo que no hay constancia de si fueron cobrados ni se puede determinar el contenido de éstos.

Cuando ocurrieron los hechos, dice la resolución, el acusado padecía un trastorno psicótico que afectaba a sus facultades volitivas e intelectivas, sin que las anulase por completo. Así, se le condena por los delitos continuados de falsedad en documento oficial, en concurso con malversación de caudales públicos.

Además de la pena de prisión, se le impone al procesado un total de 15 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público, así como una multa de 15 meses, a razón de 10 euros diarios; lo que supone 4.500 euros. La sentencia se dicta con la conformidad del acusado.