Opositores malagueños intentan sin éxito recuperar el dinero de las tasas

Hay quienes no quieren esperar a que todo este embrollo se resuelva y, seguramente fruto del enfado y la indignación por la impugnación de las oposiciones a un par de meses de la fecha prevista de celebración, ya han intentado recuperar el dinero que pagaron por derechos de examen. Así, algunas personas han contactado en los últimos días con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga para informarse sobre los trámites a seguir para solicitar la devolución, según ha podido constatar este periódico. Sin embargo, las instrucciones del personal que trabaja en el Edificio Negro son claras: no habrá reintegros mientras no se anule definitivamente la convocatoria.

Listado de admitidos

En la Delegación provincial confirman este extremo y explican que hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto, para lo que tiene un plazo de cinco meses, los trámites siguen su curso, ya que se trata de una suspensión cautelar y no definitiva. Tal es así que ayer se publicaron, como estaba previsto, los listados provisionales de admitidos y excluidos para la convocatoria. Aunque pueden consultarse en el Edificio de Servicios Múltiples, Internet le ganó ayer la partida a la vía presencial y fueron pocos quienes se acercaron a las instalaciones de la avenida de la Aurora a comprobar si deben presentar alguna documentación adicional. En total, en toda Andalucía hay 2.387 excluidos en las convocatorias de Secundaria, FP, enseñanzas artísticas y escuelas de idiomas, que tienen un plazo de siete días naturales a partir de hoy para poder subsanar los problemas.

Estas personas tampoco tienen derecho a recuperar ahora el importe de las tasas, según explican en Educación, donde señalan que en caso de que se anulen las oposiciones, la devolución «es para todos». Y es que en la Delegación provincial no descartan que los exámenes puedan celebrarse el próximo mes de junio, aunque estudiantes y sindicatos no lo tienen tan claro y dan por hecho que en el mejor de los casos las pruebas tendrán lugar a final de año. Los más pesimistas creen que, si no se anulan, las oposiciones serán el próximo año.

Esta opción, así como una hipotética reducción en el número de plazas conllevaría una variación significativa de las características de la convocatoria a la que se apuntaron unos 6.000 malagueños, pero la legislación no dice nada a este respecto en cuanto a la devolución de ingresos indebidos. Concretamente, el decreto 195/1987 del 26 de agosto, que rige la devolución de los ingresos públicos de la Junta de Andalucía, a excepción de los tributos cedidos por la Administración del Estado, establece que se procederá a devolver el dinero cuando la administración de oficio o a instancia del interesado rectifique errores de hecho o aritméticos, en el caso de que exista duplicidad de ingreso, cuando el interesado haya satisfecho la tasa sin percibir la correspondiente contraprestación siempre que no hayan transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectificación o en el supuesto de que sea acordada por resolución firme de reclamación o recurso administrativo o judicial. Asimismo, la Junta de Andalucía advierte de que no procederá la devolución de las tasas por derecho a participar en el procedimiento selectivo al personal que se excluya definitivamente por causas imputables al mismo.

Coste de las tasas

Para poder participar en la convocatoria de oposiciones, cada aspirante ha tenido que abonar 77,10 euros en el caso de Enseñanza Secundaria, escuelas oficiales de idiomas, música y artes escénicas, y artes plásticas y diseño. Para el personal de ingreso de los cuerpos de profesores técnicos de Formación Profesional el precio se fijó en 69,34 euros, mientras que las personas con discapacidad igual o superior al 33% estuvieron exentas de este pago. Quienes utilizaron el medio telemático para la cumplimentación, firma, registro de la solicitud y pago por banca electrónica, disfrutaron de una bonificación de tres euros.

Ese dinero podría caer en saco roto si el Constitucional se pronuncia a favor del Gobierno central y anula la convocatoria. Hasta que llegue esa decisión, la polémica está servida.