Los dueños de casas ilegales no 'asimilan' el decreto de la Junta
Lamentan que la norma deje en un «limbo» al 80 por ciento de las viviendas en el campo y no legalice su situación
:: AGUSTÍN PELAÉZ
Jueves, 12 de enero 2012, 08:13
Las asociaciones de propietarios de viviendas irregulares de la provincia no aceptan la solución propuesta por la Junta de Andalucía en el decreto de ... regularización de las edificaciones en el suelo no urbanizable de la comunidad autónoma para el 80% de la casas en el campo y que representa únicamente su reconocimiento como 'asimilado al régimen de fuera de ordenación', una figura que la propia norma reserva para construcciones que no adecuan a la legalidad vigente y al planeamiento, y que por tanto no pueden obtener licencia de ocupación, y a que ha prescrito la infracción.
Según los afectados, esa figura no conlleva la legalidad de sus casas ni pone fin a los expedientes y procedimientos judiciales que afectan a un elevado número de casas en toda la provincia.
«Sencillamente no resuelve nuestro problema», dijo ayer el presidente de la Asociación Por la Regularización de Viviendas de Mijas, Juan Antonio Blanco, que recordó que sólo en este municipio malagueño están pendientes de demolición más de 300 casas.
Gobierno en Andalucía
«Es lógico que no estemos satisfechos con una norma que no dice nada sobre estas viviendas, ni sobre las que están expedientadas y que por tanto no nos ampara. Lo único que nos queda es confiar en que el PP consiga hacerse con el gobierno de Andalucía en las próximas elecciones y Javier Arenas y Elías Bendodo cumplan el compromiso de modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Plan de Ordenación Territorial para permitir las viviendas residenciales y turísticas en el suelo no urbanizable», manifestó Blanco.
En el mismo sentido se expresó también el presidente de la Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas (SOHA), Philip Anthony Smalley. «No sabemos qué vamos hacer, salvo esperar un cambio de gobierno en Andalucía, porque el PSOE ha demostrado con el Decreto que no va a hacer nada por nosotros. Llevamos seis años hablando con la Junta y nos hemos dado cuenta que al final no nos han escuchado», lamentó Smalley, que es además concejal del PA en el Ayuntamiento de La Viñuela, municipio que fue excluido por la Consejería de Obras Públicas a la hora de ejecutar el inventario de viviendas ilegales en el campo debido a los numerosos procedimientos judiciales abiertos en la localidad.
Según Smalley, en su caso construyó su vivienda con licencia administrativa, aunque posteriormente un juzgado decidió anularla. «Para estas casas tampoco hay soluciones en el decreto», declaró el presidente del colectivo Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía, para quien la vía del 'asimilado a fuera de ordenación' es como «no tener nada, salvo que habrá que pagar a los ayuntamientos por tener ese reconocimiento».
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