Solo seis de los grandes ayuntamientos limitan el gasto de sus concejales en telefonía móvil

La contención del gasto y los recortes se han generalizado en los ayuntamientos y, lógicamente, también afecta a los cargos electos. Desde la pasada legislatura, para dar ejemplo se han venido sucediendo la congelaciones e incluso bajadas de salarios de alcaldes y concejales como principal medida, pero no se han quedado ahí. También se han reducido al mínimo los gastos diarios propios de su actividad pública, especialmente las más rimbombantes cara al ciudadano como la supresión de partidas para protocolo o la eliminación de coches oficiales. Aunque bien distinta es la situación cuando se trata del gasto en telefonía. Pese a que todos los ayuntamientos han puesto especial celo en rebajar la factura en móviles, lo cierto es que apenas seis de los grandes consistorios de la provincia han establecido límites al gasto de sus concejales en llamadas.

En Marbella, el tope está en 50 euros mensuales, mientras que en Ronda es de 60, la misma cantidad que tiene asignada el alcalde de Rincón, Francisco Salado (PP), reducida a 40 para los ediles con dedicación exclusiva y a 30 para el resto. En Alhaurín de la Torre, desde 2005 se fijó un máximo de minutos mensuales, de forma que cuando se supera se restringe su uso a comunicaciones internas; mientras que en Vélez, el nuevo equipo de gobierno ha establecido un límite de cien euros, al igual que ocurre en Fuengirola desde hace varias legislaturas. Además, tanto en Rincón como en Vélez se han eliminado las dietas por comidas o viajes. Precisamente la alcaldesa de este municipio, Esperanza Oña, hace gala de que en las dos décadas que lleva al frente del Ayuntamiento «jamás ha pasado una sola dieta», tal y como recalcan fuentes municipales. Lo que sí recibe la regidora y parlamentaria andaluza, al igual que los otros dos ediles que no tienen sueldo municipal porque lo perciben de otras administraciones, es una retribución por asistencia a comisiones informativas y plenos. Como gesto de austeridad, cabe reseñar que cuando los miembros del equipo de gobierno asisten a comidas o actos benéficos en representación municipal, los gastos que generan salen de su bolsillo.

En este sentido, el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes (PP), también hace especial hincapié entre sus concejales en que deben abonar todo lo que consuman en visitas, hasta el punto de que incluso tienen prohibido aceptar invitaciones. También corre por su cuenta los gastos de promoción en ferias turísticas, salvo el regidor y la edil de Turismo. En telefonía no hay techo de gasto, aunque sí que se les exige moderación.

En Marbella, además del reseñado tope de 50 euros en llamadas, desde la pasada legislatura tampoco cuentan con dietas, por lo que las comidas, aunque sean de trabajo, las pagan de su bolsillo, y los viajes oficiales no se costean con cargo a partidas de cada delegación sino que se centralizan desde Alcaldía para controlar el gasto. La misma medida se ha adoptado en Benalmádena en el presente mandato, de forma que las facturas están centralizadas para una gestión más exhaustiva. Además, el plan de austeridad puesto en marcha por el gobierno que preside Javier Carnero (PSOE) ha supuesto la restricción de los teléfonos de uso interno, así como del horario de utilización de determinados terminales, pero sin llegar a afectar a los cargos públicos.

En la capital, los miembros del equipo de gobierno también tienen libertad para usar los terminales corporativos, pero siempre con responsabilidad y sin excesos.

Medida drástica

Especialmente llamativo resulta el caso de Estepona, donde una de las primeras iniciativas adoptadas por José María García Urbano (PP) tras tomar la vara de mando fue suprimir 120 terminales, entre ellos los del propio alcalde, concejales y cargos de confianza, quedando únicamente una docena para los servicios de seguridad y emergencias y para el personal que por sus labores técnicas o administrativas les resulte imprescindible. El alcalde de Mijas, Ángel Nozal (PP) también conserva su número de teléfono personal, aunque no así el resto de miembros de su equipo de gobierno, que tienen uno corporativo sin limitaciones de gasto. El regidor mijeño también ha sido de los que ha optado por dejar aparcado el coche oficial para utilizar una furgoneta que consume menos y tiene más plazas. La misma decisión tomó Manuel Barón (PP) en Antequera, que ha canjeado los dos coches oficiales por una furgoneta para los técnicos del Patronato Deportivo Municipal y otra de atestados para la Policía Local, por lo que tanto el alcalde como los concejales tienen que desplazarse en sus respectivos coches particulares.