Unos 7.400 dependientes deberán esperar a 2013 para percibir ayudas
Las instituciones no se ponen de acuerdo sobre el alcance real de los recortes, incluidos en el plan de austeridad del Gobierno central
IGNACIO LILLO ilillo@diariosur.es
Miércoles, 4 de enero 2012, 11:17
El recorte en la aplicación de la Ley de Dependencia incluido en el plan de austeridad del nuevo Gobierno genera más dudas que certezas. ... En principio, según los cálculos de la Junta de Andalucía, tendrá una consecuencia directa para al menos 7.377 ciudadanos en Málaga, que tienen una valoración ya realizada del grado I-nivel II de incapacidad aunque aún no han accedido a las ayudas públicas. Las personas en esta situación (y los que se agreguen a lo largo de los próximos doce meses) deberán esperar hasta el año 2013 para beneficiarse. Sin embargo, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hace una interpretación distinta del anuncio del Ejecutivo y considera que afectará solo a quienes se valoren durante 2012 (y no a los ya valorados), lo que reduciría el número de afectados a unos 7.000 en toda Andalucía (2.000 en Málaga). Como en el baile de cifras, los responsables de las instituciones no se ponen de acuerdo sobre las consecuencias reales de la medida.
Concentrar esfuerzos
En primer lugar, hay que acotar los términos exactos de la moratoria, que afectará inicialmente a los dependientes moderados (grado I nivel II) a la espera de acceder a beneficios y los que sean dictaminados en 2012, y que no recibirán nada hasta 2013. Por su parte, los de menor afección (de grado I nivel 1) no accederán hasta 2014. Dicho esto, el colectivo profesional ha analizado en profundidad las modificaciones previstas, y su principal conclusión es que el ahorro que se logrará es mínimo, tanto si se compara con la inversión que ya está comprometida con las fases anteriores de aplicación de la ley como por la capacidad de generación de empleo del sector, según explica su presidente, José Manuel Ramírez. A nivel nacional este cupo supone solo el 0,6% del presupuesto, unos 40 millones de euros, y afectará a 30.000 personas, de las que una cuarta parte están en Andalucía. Cabe recordar que en el caso de Málaga más de 29.000 familias reciben prestaciones.
Con todo, también reconoce que la moratoria en la incorporación de nuevos beneficiarios proporcionará la posibilidad de concentrar los esfuerzos en atender a aquellas personas en situación de gran dependencia o severa, con derechos reconocidos y pendientes de atención. Es lo que Ramírez llama «el limbo de la dependencia», y que suponen un 30% del total.
Muy crítica se muestra la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Remedios Martel, para quien el Ejecutivo paraliza la ley y castiga a comunidades como Andalucía, que la viene desarrollando y financiando «de manera ejemplar». «Esta decisión se toma de forma unilateral, sin hablar con los gobiernos autonómicos. Desde la Junta exigimos que se contacte con nosotros, puesto que somos la comunidad que más y mejor ha aplicado esta ley, que ha supuesto una profunda revolución social». La delegada pide a los ayuntamientos de la provincia que «cierren filas», «también los del PP, que tantas cartas y mociones en Pleno han presentado exigiendo celeridad».
Sin embargo, Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de la capital, considera que la moratoria puede tener efectos positivos, «si esto sirve para que nos pongamos al día en comunidades autónomas como Andalucía, que es de las que más retraso tiene» en la aprobación de los expedientes. De hecho, recuerda que desde junio de 2011 no se ha dado ningún alta en máximos dependientes ni moderados, salvo los que solicitan un centro de día, donde sí hay plazas libres. Según sus cálculos, solo en la capital hay más de 1.500 personas en esta situación. «No se puede seguir avanzando sin que esté asegurada la atención de los de máximo o segundo nivel», apostilla.
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