El último año deja veinte mil parados más sin cobertura en la provincia

Y es que pese a que el desempleo continúa ganando terreno, el número de beneficiarios de prestaciones contributivas y subsidios ha comenzado a bajar por primera vez desde que comenzó la crisis. El pasado julio había 115.603 perceptores en la provincia, 11.680 menos que un año antes, según la estadística del SEPE. Y ello no se debe a que haya menos parados; de hecho, en ese mismo periodo, 7.000 personas en la provincia se han inscrito en las oficinas del antiguo Inem. En consecuencia, la tasa de cobertura del desempleo ha quedado situada en el 66,4% (78% si se exceptúan los parados sin empleo anterior), diez puntos por debajo que hace un año.

¿Cómo se explica entonces esta caída de las prestaciones cuando hay más paro que nunca en Málaga? La prolongación de la crisis es el motivo de fondo: hay muchas personas que llevan tanto tiempo sin trabajar que ya han agotado todas las prestaciones, mientras que otras son despedidas sin que hayan pasado el suficiente tiempo cotizando para tener derecho a cobrar del Estado. A ello se une el fin de la ayuda de los 426 euros, que durante su vigencia (entre agosto de 2009 y febrero de 2011) benefició en Málaga a 52.516 personas, según confirman desde la subdirección provincial de prestaciones del SEPE.

Cae el gasto en prestaciones

Por primera vez se han reducido tanto las prestaciones contributivas concedidas en Málaga (que han pasado de tener 49.896 a 42.342 beneficiarios) como los subsidios (de 57.723 a 50.626), así como los eventuales agrarios (de 11.856 a 10.959). En consecuencia, el gasto realizado por el Estado para sufragar esta cobertura social ha disminuido: de los 95,3 millones librados en julio de 2010 a los 86,1 de julio de 2011. La única ayuda que crece es la Renta Activa de Inserción (con 11.676 beneficiarios frente a los 7.808 del año pasado), que está dirigida a colectivos en riesgo de exclusión, como discapacitados, víctimas de violencia doméstica o mayores de 45 años.

El director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Málaga, Fernando Murillo, confirma esta tendencia a la baja, debida en parte a que «muchas personas están agotando su prestación sin encontrar trabajo». No obstante, matiza que entre los sesenta mil desempleados que carecen de ingresos en la provincia se incluyen los alrededor de 23.000 parados sin empleo anterior registrados en las oficinas de empleo malagueñas, que «no pueden cobrar prestación ni subsidio porque no han trabajado», explica. Además, indica que en la estadística de prestaciones y subsidios por desempleo no se incluye el Plan Prepara, del que se beneficiaron alrededor de 6.000 malagueños en sus seis primeros meses de vigencia (de febrero a agosto de este año), por considerarse una ayuda (cifrada en 400 euros y vinculada a la formación), no un subsidio.

Aun teniendo en cuenta tales matizaciones, las cifras evidencian que al sistema de protección social se le empiezan a saltar las costuras frente a una crisis que está rebasando todas las previsiones. El secretario provincial de Comisiones Obreras, Antonio Herrera, califica de «absoluta inmoralidad» la «actitud pasiva del Gobierno ante la desprotección de los parados de larga duración», que en su opinión puede conducir a un «grave estallido social». «Lo primero ante una situación de crisis es la protección social de las personas», reivindica el líder sindical, que teme que la guerra entablada por las administraciones contra el déficit público socave aún más las medidas de ayuda a los parados.

Por su parte, Arrabal-AID, asociación sin ánimo de lucro que lucha contra el desempleo, ha percibido en los últimos meses un aumento en el número de parados de larga duración que se acercan buscando asesoramiento laboral, muchos de las cuales han agotado ya la prestación y el subsidio. «En muchos casos hay que realizar una labor de motivación para combatir su desesperación», afirma su presidente, José Antonio Naveros, que no tiene reparos en demandar a las instituciones un esfuerzo para que los recortes no afecten a las políticas activas de empleo. «Hay que huir de acciones que supongan una vuelta a la caridad y exigir una apuesta por programas sociales que sean sostenibles en el tiempo, de manera que ayuden a las personas a su crecimiento y a su integración social y laboral».