La reforma pesquera pone en peligro el empleo en el sector en Málaga

De este modo, el primer punto expuesto fue el relativo al concepto de sostenibilidad integral y global. Y es que según la delegada, el documento de la Política Pesquera Común se centra exclusivamente en aspectos medioambientales. «Tanto el sector pesquero como las distintas administraciones defendemos esa sostenibilidad medioambiental, pero creemos que también debe llevar una sostenibilidad económica y social, porque no olvidamos que es una actividad que se desarrolla en muchos municipios de nuestra comunidad autónoma y que genera riqueza y muchos empleos directos e indirectos», manifestó Bermúdez, que expresó que la flota pesquera de la provincia de Málaga cuenta con 290 barcos que generan entre 800 y 1.000 puestos de trabajo directo, pero que a su vez, cada tripulante puede generar unos seis puestos de trabajo indirecto, si se tienen en cuenta factores como el transporte o la comercialización.

Por otro lado, Bermúdez lamentó la «poca concreción» con la que se define el concepto de flota pesquera en el documento. «Nosotros en Málaga tenemos un flota eminentemente artesanal», dijo la delegada, que resaltó que, según la nueva reforma, «cualquier barco que mida más de doce metros de eslora ya no es flota pesquera artesanal», pero que «ésta no se define por su tamaño sino por cómo realiza su actividad, pues sale a pescar día a día y por tanto comercializa pescado en fresco». También alertó sobre la posibilidad de que la introducción de concesiones comercializables -conocidas como ITQ- pueda degenerar en un «mercadeo de cuotas». «Si tienes una embarcación de un tamaño determinado, tienes un límite de toneladas para pescar y crees que puedes abarcar más pero la cuota no te lo permite, puedes comprar la cuota de barcos pequeños», con lo que esta situación podría crear un mercadeo que iría en detrimento de las embarcaciones más pequeñas», explicó Bermúdez.

Fuerte presupuesto

Por último, la delegada aclaró que «la reforma debe venir acompañada de una serie de medidas con una dotación presupuestaria fuerte y suficiente para abordar todos los aspectos sociales y económicos que deriven a esa sostenibilidad de la actividad», así como abogó por la acuicultura como complemento de la pesca extractiva, pero no como un sustituto; y defendió la modernización y el etiquetado obligatorio en las distintas importaciones, pues genera confianza en los consumidores y da «seguridad» a la Consejería respecto a la salud alimentaria del pescado que pueda proceder de otros países.

Finalmente, Bermúdez afirmó que los temas tratados en la reunión tenían como objetivo «recoger la postura del sector pesquero» de la provincia, «igual que se está haciendo en otras provincias de Andalucía», y «conformar en septiembre un documento común que sirva de reivindicación ante Bruselas». «Queremos tener una serie de puntos que queden claros en los futuros documentos de la Comisión Europea que por ahora no vienen reflejados», concluyó Bermúdez, no sin antes destacar que la reforma pesquera contempla posturas «negativas» para el sector pesquero profesional de la provincia, de toda Andalucía y del Arco Mediterráneo, al poseer éstos una flota pesquera mayoritariamente artesanal.