La Junta detecta 2.700 casos de menores al año sin las necesidades básicas cubiertas

El pasado año la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía atendió a cerca de tres mil menores malagueños en situación de riesgo que no tenían cubiertas sus necesidades básicas. Ni las vitales ni las emocionales. De ellos, solo 218 fueron separados de sus padres al dictarse una situación de desamparo. El resto (2.556) fueron asistidos por los equipos de tratamiento del sistema de protección; un dispositivo de prevención formado por psicólogos, educadores y trabajadores sociales que evita las retiradas de tutela ayudando a las familias a encontrar el equilibrio.

El programa se puso en marcha en julio de 2000 dirigido a núcleos desfavorecidos y en situación de riesgo social. Su finalidad principal es preservar los derechos y el desarrollo integral de los menores, evitando sacarles de su contexto mediante una intervención específica e integradora que permita la adquisición de pautas que compensen la desventaja social que puede afectar directa o indirectamente a los niños. «El objetivo es crear un clima idóneo para que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, de forma que los menores tengan la atención y los cuidados que requieren», precisa Margarita Mantilla, asesora técnica del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Junta.

Más de ochenta profesionales

Actualmente hay 25 equipos con 83 profesionales repartidos por la provincia a través de convenios establecidos entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y cada una de las corporaciones (ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y la Diputación Provincial). Solo el Ayuntamiento de Málaga cuenta con cinco dispositivos que el pasado ejercicio atendieron a 395 familias y 776 menores de la capital.

Su trabajo es determinante para frenar los episodios de desamparo, «una salida mucho más traumática y penosa para los niños», destaca Mantilla. En la misma línea se expresa Daniel Rodríguez, trabajador social de Infania, entidad dedicada al acogimiento familiar. «La labor preventiva es importantísima ya que lo ideal siempre es que el menor permanezca en su medio dotando a la familia de herramientas que les permitan superar sus debilidades», advierte.

La actuación de estos equipos se pone en marcha por prescripción de los servicios sociales comunitarios o protección de menores tras valorar la existencia de indicadores de riesgo. Para ello es fundamental la aceptación por parte de los progenitores, que deben tener voluntad de implicarse con el tratamiento terapéutico. Superado este primer escollo, durante tres meses se realiza una evaluación exhaustiva del contexto familiar para determinar desde la propia relación que mantienen los padres hasta su situación laboral. Respecto a los principales factores de riesgo abordados por los equipos de tratamiento predominan los conflictos de pareja o familiares (presentes en un 90% de estos expedientes) problemas de comportamiento en los niños (85%) y la inestabilidad y precariedad laboral (70%).

En función de los resultados de la evaluación se diseña el plan de intervención, «que es totalmente a la carta», afirma Mantilla al tiempo que explica que dicho documento fija unos objetivos en función de las carencias detectadas que deben alcanzarse total o parcialmente en un periodo máximo de año y medio. «En ese tiempo se les enseña a los padres desde a administrar la economía doméstica a pautas básicas de crianza, habilidades parentales o técnicas de búsqueda de empleo. Igualmente se trabaja la psicoterapia, la instauración de roles, la fijación de hábitos de higiene y alimenticios o la integración social», enumera.

Si cumplido el plazo el equipo de tratamiento considera que su intervención no ha prosperado se deriva el caso al servicio de protección para que dicte el desamparo, «algo que solo ocurre en el 10% de los casos», señala Mantilla. En 2010 se adoptaron 218 retiradas de tutela, un 8% menos que las efectuadas en 2009.