Demandan a una empresa por incumplir el contrato de un alumno en prácticas

Después de tres meses de trabajo, al estudiante se le prorrogó el periodo de prácticas por otros tres más, aunque para su sorpresa pronto estaría en la calle. Según le consta a la UMA por el alumno, la justificación esgrimida para finiquitar la relación laboral fue «que no encajaba en el departamento». Sin embargo, sean cuales fueran los motivos del cese, el caso es que el último mes y cinco días que el alumno continuó haciendo sus prácticas en la empresa no se le pagaron.

Hasta ese momento, había estado cobrando 360 euros mensuales, por lo que la cantidad pendiente de abono por ese mes y cinco días, más el prorrateo y los intereses ascienden a 420 euros, según detalla el director de la Asesoría Jurídica de la Universidad de Málaga, Javier Such.

Dos requerimientos

Fue en mayo del pasado año y tras comprobar que la empresa seguía sin pagarle cuando el alumno decidió ponerlo en conocimiento de la UMA.

Los intentos realizados por el vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa para aclarar lo sucedido con la entidad y poder reclamarle el abono de la deuda fueron en vano. Por eso, el asunto se puso en manos de la Asesoría Jurídica de la institución, quien en julio y noviembre de 2010 realizó sendos requerimientos a la empresa para que cumpliese con su compromiso de pago y le advirtió de que, en caso contrario, emprendería acciones legales.

Desde entonces, la empresa ha seguido sin dar noticias y, mientras tanto, la universidad ha ido recabando la documentación necesaria para interponer la demanda civil.

En todo este tiempo, confiaban en que la entidad atendiera alguna de sus comunicaciones, pero no ha sido así. Desde la UMA consideran que se ha producido un daño al alumno, que no puede quedar en una situación de «indefensión», pero también a la institución académica, con la que se ha suscrito un convenio de colaboración -un contrato, a todos los efectos legales - en el que la empresa se compromete, según una de sus condiciones particulares (la sexta, apartado 2) del citado acuerdo a: «Establecer una aportación mínima de 360 euros mensuales al alumno en concepto de bolsa o ayuda al estudio, siendo satisfecha en la forma que oportunamente determinen ambas partes (alumno y entidad)».

Marco legal

No obstante, Such aclara que el decreto que regula las prácticas en empresa para alumnos de los últimos cursos de la carrera se encuadra en un marco legal muy particular. Se trata de un complemento práctico de su formación teórica, «pero en la que no hay una relación jurídico-laboral».

Una vez puesta la demanda, el juzgado dará traslado de la misma a la otra parte y se le emplazará a juicio. Según explica Such, será en ese proceso donde la UMA aportará las pruebas documentales, como los requerimientos hechos a la empresa, y el propio testimonio del alumno para esclarecer por qué se dejó a deber aquella cantidad.