Trabajo recorta a 30 días el plazo para que los parados rechacen ofertas sin perder la paga

El planteamiento de Corbacho sugiere que el grupo socialista podría recabar apoyos en la Cámara Alta para sacar adelante su enmienda suavizada. El ministro justificó el sentido del cambio en declaraciones a la cadena SER. «Nos parece normal que una persona que pierde el empleo pueda necesitar 30 días para reorientarse, pero, lógicamente, después de esos 30 días tiene que estar en disposición de participar en cursos de formación y de aceptar ofertas de trabajo», dijo. Si no lo hace, «está en su perfecto derecho -reconoció-, pero eso es incompatible con la prestación por desempleo», precisó.

No obstante, el responsable de Trabajo rechazó que esta modificación conlleve la sospecha de que los parados no quieren trabajar. Los motivos son otros, a su juicio. «Una persona desempleada tiene que reciclarse y con este fin los servicios públicos de empleo y, en el futuro, las agencias privadas de colocación, tendrán que desempeñar un papel más activo», zanjó.

Los sindicatos no tienen la misma percepción y acusan al Gobierno de aplicar «una política persecutoria a los receptores de las prestaciones» al dar por hecho que sistemáticamente se niegan a aceptar las acciones de formación que se les ofertan. Para Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CC OO, «cada día que habla Corbacho existen más razones para la huelga del 29 de septiembre», porque el Gobierno, en lugar de buscar soluciones, se dedica a «criminalizar a los parados».

UGT critica con dureza los vaivenes del Ejecutivo y lo que considera su visión desenfocada del problema del desempleo, con actuaciones que se limitan a poner el énfasis en la persecución de los parados. La no asistencia a las acciones y programas ofrecidos por los Servicios Públicos de Empleo ya tiene carácter de infracción grave y acarrea la pérdida de la prestación por desempleo, recuerda.

Añade UGT que la mejora de la ocupabilidad de los empleados no se puede acometer desde una posición de sanciones y de recorte de la protección, sino con políticas activas adecuadas. Recuerda que, mientras en el resto de Europa el 29,5% de las inversiones en políticas activas de empleo van a mejorar los servicios que han de facilitar la consecución de un puesto de trabajo, en España a ese fin se dedica tan solo el 16,5%. Por el contrario, el 29,7% de la cifra total está dirigido a proporcionar subvenciones a las empresas, denuncia.

Las centrales suman estos días otras causas de fricción con el Gobierno. Entre ellas, la limitación del colectivo de desempleados que, una vez agotadas prestaciones y subsidios, puede solicitar la ayuda de 426 euros mensuales por un plazo máximo de medio año. En la nueva fase de aplicación de este auxilio quedan fuera los parados con edades comprendidas entre 30 y 45 años sin cargas familiares.

Corbacho, en sus manifestaciones, justificó el reajuste, y se declaró partidario de, en el futuro, reorientar esta ayuda y otras de la misma naturaleza para convertirlas en «rentas de acompañamiento». «Que la persona, mientras la perciba, tenga que hacer una actividad, y la complemente con formación», concluyó. Los sindicatos, enfrentados a estas políticas, censuran que, mientras se canalizan millones de euros para sacar adelante al sector financiero, se recorten los 426 euros al colectivo más vulnerable.

El ministro de Trabajo, finalmente, ha explicado que se siente «cómodo» con las causas objetivas de despido tal como quedaron expresadas en el texto que aprobó el Congreso de los Diputados, y expresó su deseo de que no sufran modificaciones en lo que resta de tramitación parlamentaria de la ley de reforma laboral. En su opinión, se ha alcanzado un punto de equilibrio entre los intereses de las empresas y de los trabajadores. Y destacó la importancia de la tutela del juez, «que es el que tiene que verificar que efectivamente las causas objetivas de despido que dice la ley se dan», para que lo que se produzca «no sea un abaratamiento puro y duro».