Los pensionistas malagueños se quedan helados

Aunque la medida deja fuera a las pensiones mínimas y a las no contributivas (71.000) la decisión del Ejecutivo ha puesto sobre la mesa la realidad de un colectivo cuyos ingresos no superan, de media, los 730 euros mensuales. En el 70% de los casos, incluso, tienen que apañarse con menos de 600 euros, según datos de la Agencia Tributaria referidos al año 2007.

A fecha de hoy, este porcentaje supone que de los 245.480 pensionistas de la provincia, más de 176.000 reciben un subsidio medio anual por debajo de los 7.723 euros, es decir, que cuentan con menos de 551 euros al mes distribuidos en 14 pagas. Se trata de personas con pensiones contributivas mínimas, subsidios no contributivos y asistenciales. El mayor grueso lo componen 54.414 viudas, que de media cobran 544,28 euros mensuales. Por otra parte, los 21.243 perceptores de ayudas no contributivas, es decir, que no han cotizado o no lo han hecho durante el tiempo exigido, reciben un importe medio de 339,70 euros, a los que hay que sumar una paga única de 102,9 euros que aporta la Junta de Andalucía. Más del 90% no cuentan con ningún otro ingreso.

Otro grupo de 848 personas reciben 149 euros mensuales por vejez o ancianidad como pensión asistencial, un tipo de subsidio que dejó de concederse en 1992, aunque se dio a sus beneficiarios la opción de cambiarse al modo de no contributivas.

Subida del IVA en julio

Esta es la cara más amarga de la jubilación. Personas que, al concluir su vida laboral tienen que convertirse en los mejores administradores para conseguir llegar a fin de mes y que en unas semanas se enfrentarán a nuevas subidas en alimentación, luz, agua, teléfono o transportes. El próximo julio el IVA normal se incrementará en un 2%, pasando del 16 al 18%. Este aumento subirá el precio a electrodomésticos, ropa, calzado, tabaco o bebidas alcohólicas.

Se mantendrá igual todo lo gravado con el IVA superreducido al 4% como leche, pan, huevos, frutas y hortalizas, medicamentos, libros, periódicos y revistas o viviendas de protección oficial (VPO). Mientras, el reducido se elevará un punto, del 7 al 8%, afectando desde los alimentos no incluidos en el IVA superreducido al transporte de viajeros, servicios de hostelería, peluquerías, dentistas, entradas a espectáculos o compraventa de viviendas. Asociaciones de consumidores aseguran que la cesta de la compra acabará subiendo aunque los productos básicos se mantengan porque repercutirá el encarecimiento del transporte. De media supondrá un gasto añadido de 288,54 euros anuales por familia, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Esta subida de impuestos es el argumento más esgrimido por los pensionistas que critican la decisión del Ejecutivo. «En realidad, es como si nos bajaran las prestaciones», dice Alonso Castillo, un camionero jubilado de 67 años que cobra 765 euros al mes, lo mismo que recibirá el próximo año. «Creo que es muy injusto que nos congelen las pensiones en lugar de quitarles unos cuantos millones a los sindicatos o a los ministerios», comenta indignado. Como él, Juan Manuel Sánchez dice sentirse «engañado» por Zapatero.

Desde el Gobierno se reconoce que la medida, que pone fin a 25 años de subidas de las pensiones garantizadas por ley, es «durísima», aunque insisten en que sólo se aplicará el próximo año y que en el conjunto del país se conseguirá un ahorro de 1.500 millones de euros. Los sindicatos y colectivos sociales, sin embargo, no han tardado en reaccionar y no descartan movilizaciones. Así lo ha advertido la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas, que califica de «inadmisible» la congelación.

Mientras tanto, a pie de calle se palpa el malestar de los mayores. El tema se ha convertido en el centro de todas las conversaciones en hogares de jubilados, centros de días y parques. «La gente está indignada porque piensa que esto es el primer paso para la eliminación de las pensiones», cuenta Miguel Sánchez, presidente de la Asociación de Jubilados Sol de Málaga. «Conozco decenas de casos de pensionistas con ingresos mínimos que no tienen ni para comer», asegura. «Vivimos todo el año pensando en cuánto nos subirán y ahora nos quitan esa ilusión», apunta.

Otro tijeretazo

Pero los mayores no sólo se van a ver afectados en lo que se refiere a su pensión. Otro de los recortes previstos también recae directamente sobre sus hombros: la eliminación de la retroactividad en el cobro de las ayudas económicas por la Ley de Dependencia. Esto quiere decir que las personas dependientes que opten por la prestación económica para un cuidador familiar o contratado sólo cobrarán a partir de que reciban la prestación o, en el caso de que ésta llegue más tarde de los seis meses, recibirán los retrasos sólo a partir de esa fecha. «Esa retroactividad no estaba recogida por la Ley, era un extra que aplicábamos porque nació en una época de bonanza, pero lo que está claro es que las prestaciones del cuarto pilar del bienestar no se van a recortar», indica la delegada de Bienestar Social, Ana Navarro.

La supresión de la retroactividad se aplicará a partir de la aprobación de las medidas de austeridad el próximo jueves, aunque la delegación no ha ofrecido cifras de cuántas personas podrían verse afectadas ni el ahorro que se conseguirá con esta decisión en una ley que supone un coste de 317.000 euros al día en Málaga. Hasta 2009 siete de cada diez dependientes valorados, más de 10.000, eligieron este tipo de ayuda para permanecer en casa antes que ir a un asilo.