El 'desahucio exprés' se estrella contra el atasco en los tribunales
Los lanzamientos tienen una lista de espera de cinco meses por falta de funcionarios judiciales y de medios para hacer cumplir las sentencias
MONTSE MARTÍN MONTSE MARTÍN montsemartin@diariosur.es
Martes, 6 de abril 2010, 10:26
El conocido como 'desahucio exprés', que tiene como objetivo de dar seguridad jurídica a los propietarios y reactivar, de paso, el mercado de alquiler, ... se está estrellando con la falta de medios materiales y humanos en los juzgados. Lo que se vislumbraba como un futurible es hoy por hoy una tozuda realidad. Los desalojos siguen tardando entre seis y ocho meses de media en hacerse efectivos en la capital, muy lejos de los dos meses que se preveían con la reforma de las leyes de Enjuiciamiento, Arrendamientos y Propiedad Horizontal, que entró en vigor el 24 de diciembre del año pasado. Sólo el Servicio de Actos Comunes y Comunicaciones (SCAC), es decir, el que tiene que hacer cumplir las sentencias de desalojo dictadas por los jueces, acumula una lista de espera de cinco meses para hacerlas efectivas.
La falta de personal y la escasez de medios de transporte para que las comisiones judiciales puedan desplazarse a efectuar los desalojos hacen imposible agilizar los desahucios, por mucho que éstos obtengan una rápida sentencia del juzgado. «La intención de la reforma legal era buena, pero a la hora de la verdad, no soluciona nada por el atasco de los juzgados», reconoce abiertamente Cayetano Rengel, presidente del Colegio de Administradores de Fincas.
El trámite que se sigue para efectuar un desahucio pasa por dos niveles en los juzgados. Primero por el registro de demandas del Decanato, donde el propietario presenta su petición. Ésta es repartida por turno a alguno de los juzgados de primera instancia de la capital. Este registro también está escaso de personal, por lo que la demanda de desahucio puede tardar varios días en ser repartida al órgano judicial correspondiente. Una vez en el juzgado, la petición de desalojo espera unos tres o cuatro días mientras se minuta y se fija fecha para el juicio. Actualmente los juzgados de primera instancia están señalando a dos meses vista. En el mismo acto el juez solicita al SCAC que fije el día para el lanzamiento. Y es aquí donde se encuentra el cuello del embudo. «Ahora en marzo estamos fijando los lanzamientos para octubre», aseguran fuentes de este servicio judicial.
Isabel Alvaz, juez de Primera Instancia, explica que las demandas de desahucio «tienen prioridad, por eso siempre reservamos en la agenda de señalamientos huecos para estos asuntos, que normalmente juzgamos dos meses después recibirlos» en la oficina judicial. La sentencia es rápida, según Alvaz, «pues no tiene ninguna complicación y se dicta al día siguiente del juicio». La magistrada añade que con el volumen de asuntos que manejan los juzgados malagueños por mucho que se quiera correr no es posible reducir a menos de dos meses el plazo para la celebración del juicio y además «por mucho que corramos la ejecución del desalojo se atasca luego en el SCAC».
«No damos abasto»
El SCAC cuenta con una plantilla de 33 funcionarios. Es la misma desde el año 2000. Entonces daban servicio a 26 juzgados. Ahora, diez años después, lo hacen para 76. «No damos abasto por mucho que queramos», explica un funcionario. A esta evidente falta de personal, hay que añadir la reducción del servicio de taxis para realizar los desahucios, los embargos y las notificaciones que la Junta de la Andalucía empezó a aplicar en octubre del año pasado. «De contar con catorce coches cada día hemos pasado a ocho», añade.
Los desahucios han aumentado de forma considerable en los dos últimos años como consecuencia de la crisis económica. Y no sólo los de los inquilinos que no pueden pagar el alquiler. Las comisiones judiciales también tienen que ejecutar los desalojos de viviendas que han sido embargadas por los bancos en las ejecuciones hipotecarias, cuyos últimos propietarios se resisten a abandonar.
Actualmente, cuatro o cinco comisiones judiciales, formadas por dos funcionarios cada una, salen a diario a ejecutar un lanzamiento. En 2009 se presentaron 1.248 demandas de desahucio, 1.293 de ejecuciones hipotecarias y se ejecutaron 716 lanzamientos. En los dos primeros meses de este año ya se han efectuado 183 desalojos.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
