La Junta prevé completar este año las ayudas por dependencia para los casos más graves

Málaga cerró el año 2009 con más de 30.700 personas atendidas a través de la Ley de Dependencia, según el balance de la Delegación de Bienestar Social. De éstas, 18.362 fueron valoradas como grandes dependientes y 12.437, como dependientes severos. Según la responsable del ramo, Amparo Bilbao, este año esperan incorporar a otros 5.470 usuarios en la última etapa de dependencia severa de nivel 1, «a razón de entre 600 y 700 personas al mes que recibirán alguna prestación por primera vez; esperamos que en mayo ya estén totalmente implantadas estas dos fases», señala. Aunque las cifras nunca son cerradas porque los servicios de la dependencia realizan de media unas 80 revisiones mensuales, ya que puede darse el empeoramiento de algunos pacientes.

Coste elevado

Pero todos estos recursos suponen un alto coste para las arcas públicas. Según adelantó este periódico, la Ley de Dependencia cuesta en Málaga 317.000 euros diarios. El 50% de la financiación corresponde al Gobierno central y la otra mitad, a la Comunidad Autónoma, que tiene la competencia de su aplicación.

Sin embargo, Bilbao es tajante. «La Junta siempre ha defendido la Ley; año tras año estamos aumentando los presupuestos y éste no será una excepción», indica. Sólo en ayudas a domicilio, especifica, la cantidad otorgada ha crecido de 26,5 millones de euros en 2008 a 43,5 en 2009. En 2010 ya se ha destinado una partida de 30 millones de euros sólo para el primer semestre y, según la delegada, la previsión es doblar esa cifra para finales de año.

Bilbao también tranquiliza a los receptores de las ayudas o a las personas que esperan incorporarse a las prestaciones. «Nadie va a dejar de recibir atenciones que ha conseguido con la ley y el calendario no va a sufrir retraso; a partir de 2011 empezaremos a implantar la tercera fase para la dependencia moderada, en la que tenemos previstas otras 11.373 personas ya valoradas dentro de este grupo», señala. Aunque no se atreve a asegurar si un supuesto recorte en la aportación del Gobierno central se compensaría con mayor inversión desde la Junta de Andalucía. «Se trata de un derecho subjetivo más como la educación o la sanidad; si un enfermo va al médico, a nadie se le ocurre decir que va a dejar de ser atendido porque haya menos presupuesto; lo mismo ocurre con la dependencia».

«Los recortes pueden afectar en comunidades que no han hecho más que demorar la aplicación, pero no en Andalucía, donde nos la hemos creído desde el principio», continúa Bilbao. En este sentido, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Andalucía es una de las comunidades donde mejor se está aplicando esta ley. El 'IV dictamen del observatorio de la dependencia' otorga un notable a la Comunidad Autónoma.

Generador de empleo

Para el presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez, no tiene sentido plantearse una reducción del gasto en dependencia cuando se trata de un derecho estipulado por ley y que sólo supone el 0,5% del PIB. «Creemos que este debate se ha lanzado desde algunos sectores por intereses partidistas, pero es absurdo, con el paro que hay, atacar al único sector que sigue generando empleo hoy en día», señala. Por eso, los directores de servicios sociales piden sacar la ley de este debate para evitar la alarma social en los sectores más vulnerables. «El reto debe ser que su implantación sea igual en todas las regiones, ya que en algunas zonas existen retrasos de hasta tres años», dice. Un objetivo para el que aún queda mucho trabajo.