Bruselas pone bajo sospecha al fútbol español

Según avanzó este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, la Comisión Europea abrirá este miércoles un expediente sancionador a estos siete clubes por presuntas ayudas ilegales. A pesar de la alarma generada por esta noticia, aunque el asunto no es nuevo sino más bien recurrente, el Gobierno español trató de enviar noticias tranquilizantes y se comprometió a colaborar en lo posible porque entiende que no existen movimientos o actuaciones fuera de la ley en el fútbol español. «Resulta obvio que el Gobierno va a dar la batalla hasta el final en defensa de nuestros clubes, que también forman parte de la Marca España porque entendemos que no hay nada irregular en ninguno de los casos», señaló, tajante, García-Margallo.

El caso más significativo afecta a los clubes presididos por Florentino Pérez, Sandro Rosell, Josu Urrutia y Miguel Archanco, todavía propiedad de los socios al celebrarse elecciones cada cuatro años y, por lo tanto, con unas estructuras más románticas y queridas por los aficionados porque entienden que les alejan de peligrosos inversores sin escrúpulos. Empero, el Ejecutivo comunitario considera que Madrid, Barça, Athletic y Osasuna disfrutan de un estatus fiscal ventajoso en relación al resto de participantes en la Liga de Fútbol Profesional, transformados en sociedades anónimas deportivas.

Asimismo, Bruselas también va a investigar al Real Madrid por la permuta de los terrenos de Valdebebas en donde se ha construido la nueva Ciudad Deportiva y al Athletic de Bilbao por la participación pública en la financiación de la construcción del nuevo Estadio de San Mamés, que precisamente el pasado viernes visitó el presidente de la UEFA, Michel Platini, tras la celebración del comité ejecutivo del organismo que preside en Bilbao. Aunque había dudas, Margallo precisó que ninguno de los casos urbanísticos afectan al Atlético de Madrid por la venta de los terrenos del Vicente Calderón en el marco del acuerdo para la futura construcción de La Peineta.

Del mismo modo, Bruselas pone en tela de juicio las actuaciones relacionadas con los referidos tres clubes levantinos, ya que observa irregularidades en las aportaciones enviadas desde el Instituto Valenciano de Finanzas. La decisión corresponde al comisario de Competencia, el exlíder socialista Joaquín Almunia, y será notificada formalmente este miércoles. A partir de ese momento se abrirá un plazo de un mes para que las autoridades españolas, responsables ante las instituciones europeas en los casos de competencia, presenten unas alegaciones que, según Margallo, «ya están preparadas en todos los casos».

Alegaciones preparadas

El Gobierno insiste en que no ha habido «trato de favor» con los clubes y ha afirmado que los préstamos del Gobierno valenciano a los clubes de la región se concedieron «en condiciones de mercado». También calificó de «perfectamente coherente» con el mercado la permuta de los terrenos de Valdebebas por los de la vieja Ciudad Deportiva del Real Madrid en el Paseo de la Castellana, donde se levantaron cuatro torres que hoy son símbolo de la capital. «Lo que me preocupa es el perjuicio que pueden causar a los clubes españoles, pero no creo que haya habido ningún tratamiento injustificado, ningún tratamiento no racional, ni ningún tratamiento que infrinja la legislación comunitaria», zanjó Margallo.

El Ejecutivo español mantiene contactos con Bruselas desde hace más de tres años, ya que en 2010 se envió la primera información sobre estos casos, pero desconoce quién está en el origen de la denuncia que ha motivado la investigación. Tampoco ha ofrecido cifras concretas sobre el volumen de las ayudas de las que sospecha la Comisión Europea. Algunas fuentes apuntan a que las quejas oficiales provienen sobre todo Inglaterra, donde grandes entidades de la Premier League consideran que no compiten en igualdad de condiciones con los poderosos Real Madrid y Barcelona. También desde la Bundesliga alemana se escucharon voces discrepantes en los últimos años.

La apertura de la investigación formal es el primer paso de un expediente sancionador en el que también podrán aportar sus consideraciones terceras partes. Al final de las pesquisas, Bruselas puede decidir por cerrar el caso si considera que las ayudas no son incompatibles con el mercado interior o bien obligar a los clubes a devolver los subsidios si determina que han sido ilegales.