Fútbol, latín y jueces

Sin embargo lo del latín es distinto hasta el punto de que el castellano no deja de ser en su origen una evolución lingüística del latín vulgar, con la incorporación a lo largo de su historia de otras influencias. Por tanto sin latín y sin mezclas hoy no hablaríamos ni leeríamos en nuestro idioma oficial. Recuerdo que en mis años de bachiller D. Alfonso, el profesor de latín en mi querido Santa Rosa de Lima de Málaga, nos decía que la asignatura nos ayudaría a retener ideas y a saber expresarlas mejor. Como posterior estudiante y profesor de Derecho doy fe de que una atinada expresión latina en el discurso jurídico te ahorra muchas aclaraciones pues hay un consenso sobre la naturaleza y alcance de las mismas que se aprende desde el viejo Derecho Romano de primer curso. El lenguaje jurídico debe ser claro y compresible pero ante todo debe ser preciso y riguroso en aras a la seguridad jurídica. No es lo mismo la prescripción que la caducidad, ni podemos equiparar administrar con disponer y nos llevaría al caos confundir potestad con derechos. Si tienen tiempo y ganas lean sentencias del Tribunal Supremo y encontrarán con frecuencia A quo (de origen), Alterum non laedere (no dañar a nadie), Causa petendi (causa de pedir), Da mihi factum, dabo tibi ius (dame el hecho, te daré el derecho), Erga omnes (frente a todos), Iura novit curia (el tribunal conoce el derecho) o Reformatio in peius (cambio a peor)

Por eso hay que relativizar el acuerdo de eliminar o reducir las frases en latín en las resoluciones judiciales, adoptado en la Cumbre Judicial Iberoamericana, ya que ni el CGPJ ni nadie le puede ordenar a un juez como redactar sus sentencias y porque la imprescindible compresión por el ciudadano de las resoluciones judiciales no pasa por trivializar el lenguaje jurídico sino por el trabajo (al igual que los sanitarios y otros oficios) de abogados, procuradores y otros profesionales para trasladar, en términos accesibles al interesado, el asunto del que se trata.