El juez de 'Púnica' actúa contra el presidente de Murcia.

El magistrado ha elevado exposición razonada (resolución motivada) al Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra Sánchez al ser aforado autonómico. Reclama al citado tribunal que investigue al exconsejero de Educación y actual presidente de esa comunidad por tres delitos: fraude, cohecho y delito de revelación de información reservada.

El juez ha considerado que el investigado concertó trabajos reputacionales en internet y redes sociales, de carácter privado bajo el amparo de la prestación de servicios a la Consejería de Educación de Murcia. Lo hizo con el presunto 'conseguidor' de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, para reforzar su imagen en la disputa en el PP murciano para presidir la comunidad.

La Fiscalía Anticorrupción, con el plácet del fiscal general del Estado José Manuel Maza, ya anunció que se opondría a la investigación contra Sánchez en el TSJ de Murcia al no ver indicios de delito.

En su exposición razonada, de 32 páginas, Velasco explica que en la fecha de los hechos, junio de 2014, Pedro Antonio Sánchez era el consejero de Educación y se concertó con De Pedro para limpiar la inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública, todo ello con el objetivo de presentarse a presidir el Gobierno Autonómico, como finalmente consiguió.

Según el juez, no lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su Gabinete de Prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente, sino que lo empezó a conseguir a través de los trabajos de empleados de las empresas de De Pedro: EICO/Madiva.

Dichos trabajos, continúa el juez, se empezaron a realizar como adelanto de una futura adjudicación hinchada en contratos públicos de formación que aquel adjudicaría a empresas vinculadas a De Pedro y a su socio, José Antonio Alonso Conesa.

4.600 euros al mes

Los trabajos reputacionales se concretaron en un coste de 4.600 euros al mes, que incluían los honorarios de un periodista para un diario digital, así como la creación de un portal que daría cobertura a los trabajos de reputación de carácter personal, y que durarían siete meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, justo el periodo previo a la campaña electoral de ese año.

Las cantidades estipuladas no se llegaron a cobrar, explica Eloy Velasco, ni la formación se llegó a adjudicar al explotar la operación policial de esta causa judicial, a finales de octubre de 2014, que lo abortó.

En su exposición razonada, el juez va detallando todos los indicios hallados a lo largo de la investigación contra Pedro Antonio Sánchez, entre ellos los correos electrónicos, las llamadas telefónicas o los intercambios de whatsapp. También diversos informes sobre los trabajos de reputación online, así como la agenda de una empleada en la que fijaba la fecha de 3 de noviembre de 2014, lunes, como la de inicio de dichas trabajos.

Después de detallar todos los indicios recabados en esta investigación, el juez en su exposición motivada, argumenta por qué los hechos investigados encajan dentro de los delitos de fraude, cohecho y de revelación de información reservada.

Sobre el último delito, el juez se ampara en una sentencia del propio fiscal general cuando era magistrado del Tribunal Supremo. Es de mayo de 2014 y Maza vio delito en una causa donde hubo una "filtración informativa" para favorecer un concurso administrativo. Un Maza que ahora no ve delito contra Pedro Antonio Sánchez.