El nuevo teléfono contra el acoso escolar del Gobierno ya está operativo

Al otro lado de la línea trabajarán casi una veintena de psicólogos, trabajadores sociales, juristas y especialistas en lengua de signos en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos especialistas pondrán en conocimiento de la Inspección educativa cada caso y los graves se derivarán a la Policía.

Esto es lo que avanzó el secretario el 'número dos' de Educación el pasado 20 de octubre durante la presentación de este recurso para hacer frente al acoso escolar y a los problemas de convivencia en las aulas, no sólo entre iguales, sino también entre alumnos y profesores.

El número lo ha cedido Google y, según Educación, es "fácil de recordar" porque '018' se identifica con la edad de los escolares de cero a 18 años. Además el Gobierno no descarta que más adelante se quede en un número de tres cifras, como el que atiende los casos de violencia de género 016, aunque para eso es necesario que el volumen de llamadas sea muy alto.

El personal lo pone la empresa adjudicataria AlcaláBC, que tiene un contrato con el Gobierno de un año de duración por un importe de 482.635 euros. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación sostienen que el objetivo es que se renueve de forma sistemática para que no deje de funcionar en ningún momento.

Para las personas con discapacidad auditiva o del habla se pone a disposición de estos usuarios un servicio de mensajería de texto, así como la atención de un especialista en Lengua de signos por video-chat o video-llamada.

El teléfono arranca un año después de que el ministro Íñigo Méndez de Vigo lo anunciara en una jornadas sobre convivencia escolar convocadas por Educación. Tras la aprobación del Plan de Convivencia Escolar el pasado enero, los pliegos del concurso han sido recurridos varias veces durante hasta resolverse las deficiencias detectadas. El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros aprobó la licitación del teléfono.

Quejas de psicólogos y personas sordas

No todos los colectivos están de acuerdo con la forma en que se ha gestado este teléfono. En concreto, el Consejo General de la Psicología ha alertado de que esta herramienta puede no ser atendida por estos profesionales sino por otro tipo de titulados universitarios.

Según ha explicado esta organización, en los pliegos de condiciones para la selección de la empresa que se hace cargo del servicio aparece la "expresión ambigua" de 'personal en posesión de una licenciatura o grado universitario en el ámbito de la Psicología', que, a su juicio, responde al "intento de colar como psicólogos a personas que no lo son, cuando hay en España titulados en Psicología de sobra".

También la Confederación Nacional de Personas Sordas de España (CNSE) ha advertido de los obstáculos que presenta la iniciativa de implantar el teléfono para atender casos de 'bullying' de cara a los alumnos que padecen discapacidad auditiva, y ha pedido que las opciones que se pongan en marcha para el alumnado sordo no incluyan "aquellas plataformas que pudieran comprometer su seguridad".

"Ya existen mecanismos suficientemente testados por las propias personas sordas que no solo harían posible que los denunciantes sordos pudieran utilizar el teléfono contra el acoso escolar del mismo modo que el resto de denunciantes, sino que además asegurarían que éstos pudieran recibir atención accesible tanto en lengua de signos como mediante cualquier otra modalidad comunicativa que necesiten", subraya.

Otras organizaciones, como la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), mayoritaria en la enseñanza pública, han indicado que si bien no se oponen a este teléfono, consideran que no es la solución al acoso escolar o los problemas de convivencia en las aulas, sino que tiene que formar parte de un paquete de medidas más amplio.

Observatorio de Convivencia Escolar

"¿Dónde está la prevención del ministerio? ¿Dónde están los planes de convivencia?", se ha preguntado el presidente de Ceapa, José Luis Pazos, que ha denunciado que desde 2011 no se ha convocado el Observatorio para la Convivencia Escolar, creado en 2007 por el Gobierno socialista. Tampoco el departamento de Educación cuenta con datos actualizados sobre la incidencia de este problema en el sistema educativo, ya que los últimos son de 2010.

Precisamente, sobre la configuración de este Observatorio de Convivencia Escolar, el 'número dos' de Educación dijo en la presentación del teléfono contra el acoso que este departamento está estudiando la posibilidad de reducir sus miembros para que sea más operativo. Según el decreto que lo regula, superan los 70.

El Observatorio lo preside el ministro de Educación de turno y está integrado por miembros del departamento de Educación, de las 17 comunidades autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias, sindicatos de enseñanza, patronales de centros privados y concertados, asociaciones de padres de alumnos, organizaciones de estudiantes, personalidades de reconocido prestigio, representantes de otros ministerios y secretarías de Estado y de defensores del Pueblo estatal y autonómicos.

No obstante, la norma establece una Comisión Permanente formada por 21 miembros que prevé que se reúna al menos dos veces al año con carácter ordinario. Sin embargo, ésta tampoco se ha convocado. Según Pazos, al ministerio "le interesa hablar de acoso, como si éste fuera el principal mal de la educación en España, y no de convivencia".

"No convocar el observatorio porque está formado por demasiadas entidades es sólo una excusa", ha asegurado el presidente de Ceapa, que ha recordado que el Consejo Escolar del Estado le ha pedido "de manera reiterada" al departamento que ahora dirige en funciones Méndez de Vigo que lo convoque.