Una promoción que llegó a estar condenada al derribo dispara sus ventas y agota los pisos

No parece que este turbio pasado al que el PGOU de la ciudad aprobado en 2010 consiguió enderezar haya influido ni mucho menos en la aceptación del público, y si lo ha hecho ha sido en positivo. Tras la regularización y la sentencia judicial dando carpetazo definitivo al asunto las viviendas obtuvieron las correspondientes licencias de primera ocupación en diciembre de 2012 y diciembre de 2013. Aunque el edificio estaba el 90% de su ejecución cuando fue precintado por orden judicial, los años de abandono hicieron mella y la promotora tuvo que realizar una completa intervención para acondicionar cada uno de los pisos, explica a SUR el arquitecto. Las ventas empezaron a producirse por goteo, en plena crisis inmobiliaria. A día de hoy, como explica la responsable de la inmobiliaria, «está todo vendido e incluso estamos en reventa», asegura. Los últimos meses han sido decisivos y han hecho que los precios hayan llegado a dispararse. Los últimos (pisos de dos y tres dormitorios), indica Szekely, se han vendido alcanzando los 880.000 euros. Algunos arrancaron la comercialización en poco más de medio millón de euros.

El nacimiento de este complejo residencial, en 1999, se asemeja al de otros muchos que fueron levantados durante la etapa de gobierno de Jesús Gil. En esta urbanización el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 permitía la construcción de siete adosados y dos viviendas unifamiliares, mientras que la empresa promotora, Coepro Marbella SA, levantó dos edificios de siete alturas y 81 viviendas. Los tribunales anularon el plan del 86, también la licencia de obras y el permiso de construcción otorgada a Jardines del Príncipe

No obstante, la urbanización encontró acomodo en el plan de ordenación urbana de 2010 y se incluyó en el cupo de las 16.500 viviendas irregulares que podían legalizarse si se acogían a un sistema de compensaciones. Y así fue. A finales de 2010, la empresa promotora Coepro Marbella S.A. regularizaba los inmuebles entregando al Ayuntamiento una parcela de 2.221 metros cuadrados, siete viviendas en el propio recinto y una cantidad en metálico que roza los dos millones de euros. Fue entonces cuando el Ayuntamiento concedió el permiso para retomar las obras.

La decisión no convenció a los miembros de la Asociación de Vecinos de Arroyo Guadalpín, que habían venido pleiteando contra la medida y exigiendo el cumplimiento de la sentencia y, además, el derribo de ambos edificios argumentando que de esa forma «se devolvía la legalidad al entorno».

Fin del procedimiento

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) entendió que la promoción había sido legalizada tras el procedimiento de normalización recogido en el Plan General de Ordenación Urbana de 2010 y una vez que los promotores habían compensado al Consistorio por el exceso de edificabilidad. Así lo recoge un auto de la sala de lo contencioso administrativo del TSJA, con fecha de 12 de septiembre de 2013.

Mientras todo ello ocurría en los juzgados, pero con las nuevas licencias otorgadas y el proceso de normalización finiquitado, los inversores volvían a poner sus ojos en una promoción conformada por viviendas de lujo. Ya no quedan libres.

A finales del pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Marbella aprobaba en Junta de Gobierno Local añadir al inventario de bienes inmuebles municipales siete apartamentos de lujo de estos edificios obtenidos como una de las medidas para la normalización urbanística de la promoción. El Consistorio recibió una planta entera. La intención del equipo de gobierno municipal del PP era darle un uso «de carácter social, destinado a las asociaciones». Ahora, el nuevo Ejecutivo local deberá decidir si mantiene estos planes.