La Fiscalía acusa a la exalcaldesa Rosa Díez por la venta de parcelas a precio inferior al del mercado

Junto a esta acusación, la Fiscalía también pidió el archivo de la causa para el también exalcalde Antonio Barrientos (PSOE), denunciante del caso en 2006 y que tras el extravío por parte del ministerio público del encausamiento, volvió a presentarla en diciembre de 2008 y una tercera vez en abril de 2009. Barrientos, al no tener una acusación particular contra él, dejaría de estar imputado en el caso, pese a que cuando fue llamado a declarar, pidió que se le investigará hasta el final y no se archivara.

Los delitos que el fiscal atribuye a los acusados y por los que pide la apertura de juicio oral son el de un fraude y fraude continuado a la Administración y por prevaricación. A Díaz y a uno de los empleados se le piden, según el documento al que pudo acceder este periódico, tres años de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por diez años.

Precio inferior al de mercado

Según marcó en este escrito, el fiscal cree que se realizaron «los actos administrativos y gestiones necesarias para favorecer a aquellas empresas mercantiles en el proceso de adjudicación de las fincas, infringiendo para ello de forma deliberada diversas normas» y adjudicándolas «por un precio muy inferior a su valor de mercado».

Los hechos se remontan a 2001, cuando se acordó la transmisión a la empresa municipal Servicios Estepona XXI de cinco fincas con valor de 3,2 millones de euros para ampliación de capital, aunque fueron tasadas pericialmente en total entre los ocho y los diez millones de euros.

En el mismo año, según la Fiscalía, se traspasaron a Planeamiento Estepona XXI otras fincas, interviniendo la exalcaldesa y uno de los acusados como liquidador de la entidad municipal. La venta, en este caso fue por 1,9 millones de euros a otra empresa, cuando el precio era superior.