El Gobierno permite a los empresarios construir en suelos inundables si asumen los riesgos

El pasado 30 de diciembre, a punto de expirar 2016, entró en vigor un real decreto promulgado por el Gobierno central que introduce cambios significativos en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y que, por ello, varía algunos de los preceptos establecidos en los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación elaborados por la Junta de Andalucía y que entraron en vigor hace un año, colocando el sello de la inundabilidad a un buen número de suelos de la capital y la provincia en los que se han visto frenadas algunas de las inversiones y operaciones urbanísticas previstas para ellos. Una de las principales novedades que introduce el real decreto es que todo aquel promotor o empresario que quiera construir en un suelo marcado oficialmente como inundable –en los citados planes aprobados– deberá suscribir y presentar una declaración responsable «en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados», señala.

Es decir, que la Administración se lava las manos y fuerza a los privados a cargar con las consecuencias de construir en parcelas inundables. Es más, les obliga a que aparezcan así inscritas en el Registro de la Propiedad. Expertos jurídicos en esta materia, reconocieron a este periódico que esta medida puede mermar considerablemente el derecho de los promotores a la hora de reclamar una indemnización por daños como los que produjeron las inundaciones del pasado 4 de diciembre. Asimismo, incrementaría el coste de los seguros a suscribir para instalaciones como las naves de los polígonos del entorno del Guadalhorce, donde la problemática del riesgo de inundación ha paralizado ya varias inversiones y convertido en papel mojado los planes del Ayuntamiento de la capital para urbanizar más suelo empresarial en la zona.

Es la parte menos positiva para los empresarios y promotores de un real decreto que, al mismo tiempo, resulta más permisivo que la normativa aprobada por elGobierno andaluz a la hora de consentir la realización de nuevas construcciones en suelos declarados inundables pero adscritos al régimen de lo urbano consolidado. Así, frente al artículo 34.b del plan hidrológico que incluye a las cuencas de los ríos malagueños, que señala que «en las zonas inundables no se permitirá la edificación o la instalación de nuevas construcciones, temporales o permanentes», sin hacer mayores distinciones, el real decreto apunta que «podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones» en aquellos suelos inundables que estén ya urbanizados, siempre que se cumplan una serie de requisitos.

Así, exige que los nuevos proyectos deberán diseñarse teniendo en cuenta el riesgo de avenidas de los suelos en los que se ubican de forma que «no representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes». Además, no podrán incrementar el riesgo de inundabilidad en su entorno más inmediato ni condicionar las actuaciones de defensa contra inundaciones de la zona urbana.

La Junta decidirá su aplicación

No obstante, esta mayor permisividad para construir en zona inundable dependerá, en el caso de Andalucía, de que la Junta la aplique o no, ya que el real decreto deja margen a las comunidades autónomas «para establecer mecanismos adicionales de protección», según su preámbulo.

Para el caso de suelos calificados como rurales, es decir, protegidos o pendientes de urbanizar, el decreto apunta que las nuevas edificaciones deberán realizarse «en la medida de lo posible» fuera de los terrenos tipificados como inundables, y atribuye en todo caso a la comunidad autónoma la potestad para autorizarlas o no. Esto merma las opciones de que operaciones de nuevos desarrollos empresariales contemplados en planes generales como el de la capital puedan salir adelante en el futuro. Para ello, sigue siendo decisiva la realización de nuevas infraestructuras que disminuyan el riesgo de inundación en el entorno delGuadalhorce, como la sustitución del puente de la Azucarera por otro de mayor altura y amplitud, de forma que no ejerza como un tapón en el encauzamiento de la desembocadura. En una respuesta parlamentaria, elGobierno central ha atribuido al Ayuntamiento la realización de esta obra, pese a que ya había asumido ejecutarla.