La Policía lanza una nueva fase de la 'operación Edu' por los cursos de formación en Málaga, Cádiz y Sevilla

Fuentes de la investigación han informado de que se trata de la continuación de la operación Edu, que está siendo desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional y que se puede prolongar varios días con arrestos y registros.

Entre los imputados en esta nueva fase se encuentran, de momento, la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez y el concejal del PSOE en Roquetas de Mar (Almería) y empresario Juan Fernando Ortega, junto a su exmujer, su hija y una profesora de una de las dos academias de las que Ortega figura como administrador.

Fuentes de la investigación han señalado que Pilar Sánchez, condenada a dos años de prisión por desviar fondos del Plan E para el pago de gastos corrientes municipales y recientemente juzgada por supuestas irregularidades en la adjudicación de una ayuda a una empresa, ha sido imputada por los investigadores de la operación "Edu Costa", aunque no ha sido arrestada.

Sánchez, por su parte, afirma que ha sido citada a declarar esta mañana en la Comisaría Provincial de Cádiz solo para testificar en el caso.

Mientras, el concejal del PSOE en Roquetas de Mar Juan Fernando Ortega está imputado por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, fraude en subvenciones públicas y fraude a la Seguridad Social y ya ha sido puesto en libertad tras personarse ante los agentes encargados de la investigación bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción 4 de Almería, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

El político y empresario se ha mostrado dispuesto a declarar en sede policial aunque finalmente no lo ha hecho al desconocer el contenido de las actuaciones, que se encuentran bajo secreto. En concreto, la jueza instructora dictó auto el 9 de enero por el que prorrogaba por séptima vez esta medida al considerar que su levantamiento podría ser "perjudicial" para las pesquisas en torno a presuntas irregularidades en subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cursos de formación en 2010 y 2011 en la provincia.

También ha sido puesto ya en libertad la exmujer, la hija y la profesora citados junto a Ortega Paniagua, a quien se investiga por las subvenciones recibidas por las academias Ormar Informatic SL e Infosol SL.

Diligencias abiertas en todas las provincias andaluzas, menos Jaén

En la actualidad hay abiertas diligencias por este presunto fraude en los cursos de formación en juzgados de todas las capitales andaluzas, excepto Jaén, y los imputados están acusados de presuntos delitos de falsedad, malversación de fondos públicos y fraude en subvenciones.

En abril pasado, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre diferentes juzgados andaluces las diligencias abiertas por el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en las que se habían detectado irregularidades "numerosas, persistentes y graves".

La Fiscalía afirmó que la gestión de esas ayudas "no cuenta con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado", abre la puerta a "posibles y habituales irregularidades" y hay "una ausencia de control y seguimiento" del SAE a pesar de las recomendaciones recibidas en 2004.

En Sevilla también hay diligencias abiertas en el juzgado de instrucción 9, que en junio detuvo y dejó en libertad a 16 personas, entre ellos el extesorero de UGT-A Federico Fresneda y otros dirigentes sindicales por las presuntas facturas falsas del sindicato para justificar subvenciones.

La juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, también investiga presuntos fraudes en los cursos de formación y ha imputado a dos exconsejeros andaluces, Ángel Ojeda y Antonio Fernández.

En cuanto a Ángel Ojeda, consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, un informe de la UDEF indicó que trece empresas de su entorno habrían recibido 14,6 millones de euros cuando su cuñada Teresa Florido fue la máxima responsable del SAE, entre 2011 y 2012.

Primera fase, en abril de 2014

La primera fase de la Operación Edu saltó en abril de 2014 tras hacerse pública una investigación de la UDEF iniciada después de una denuncia de la Seguridad Social.

La investigación se centra en la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz, sobre todo en la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de diciembre de 2010.

El caso se conoció durante la precampaña de las pasadas elecciones europeas y en un principio se aseguró que se trataba de un fraude masivo y de decenas de millones.

La Junta de Andalucía, en su réplica, pidió "una rectificación inmediata" al Gobierno al entender que se trataba de una operación política del PP por las elecciones europeas.

Además, la Consejería de Educación explicó que la sección de investigación de la Seguridad Social había pedido información sobre 17 expedientes a raíz del caso de la Fiscalía de Málaga por una cuantía de 1,52 millones de euros de un programa de formación que contaba con un presupuesto global de 5,9 millones de euros.