Radares ajustados para multar

Es sueca, tiene 60 años y acaba de pasar unos días de vacaciones en la Costa del Sol. Aún no lo sabe, pero la estancia le va a salir algo más cara de lo que pensaba. Alquiló un coche para moverse con libertad por la provincia y, en 14 días, la han multado 15 veces por exceso de velocidad. «La mujer no iba como las locas, todas son por circular a 88, 91, 95...», aclara el responsable del 'rent a car', que se encargará ahora de pasarle la 'factura' adicional a la turista. «A 100 euros cada una... 1.500!!», apostilla.

Es un caso extremo, que no aislado. La compañía que dirige este empresario malagueño, con una flota que no llega a dos mil vehículos, ha recibido en un solo día más de 100 multas de sus clientes. La presidenta de la Asociación de Empresarios de Vehículos de Alquiler de Andalucía, Ana María García, coincide en que les están llegando muchas más denuncias por exceso de velocidad respecto al mismo periodo del año pasado. «En Granada, por ejemplo, está siendo horrible. Un coche ha llegado a tener tres multas en un día», asegura.

El motivo está en una nueva instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha rebajado el límite de denuncia de toda su red de radares fijos y también los de la Guardia Civil. Se llama Operativa 7 y su puesta en marcha, hace sólo unas semanas, se ha traducido en un aluvión de multas que está cogiendo por sorpresa a los usuarios, acostumbrados a los antiguos márgenes.

El cambio, en síntesis, significa reducir a la mínima expresión el límite a partir del cual el radar se activa y fotografía la matrícula del infractor. Antes, ese margen solía oscilar entre 10 y 20 kilómetros por hora una vez sobrepasado el máximo permitido en ese tramo. Dicho de otro modo, el radar de El Palo, donde el límite de la carretera es de 80, empezaba a multar a partir de 100.

Esa horquilla que se aplicaba antes era discrecional, es decir, lo fijaban las jefaturas locales de la DGT utilizando criterios como el tipo de vía, la siniestralidad o el volumen de circulación, por lo que era distinto según el radar y la provincia. Con ello, se compensaba el margen de error de los cinemómetros de Tráfico y también el del cuentakilómetros de los vehículos.

Para los responsables de la DGT, ese sistema presentaba principalmente dos problemas. El primero, el agravio comparativo entre provincias. El segundo, que las infracciones más leves, las que superaban por poco el límite, se escapaban sin castigo, mientras que, para el resto, no existía tolerancia alguna.

La nueva operativa hace tabla rasa y utiliza el mismo criterio para todos, sin distinguir entre leves y graves excesos de velocidad a la hora de activar el radar (obviamente, el importe de la multa y la pérdida de puntos sí es diferente). A unos y a otros les aplica el descuento de siete. Si el límite de velocidad es inferior a 100 km/h, se restan 7 km/h. Si es superior a 100 km/h, se descuenta un 7%.

La cuestión de la cifra no es baladí. Tras estudiar el comportamiento de sus 847 cinemómetros, la DGT ha llegado a la conclusión de que, aplicando ese descuento, se elimina por completo el margen de error y se puede garantizar que el conductor ha infringido el límite de velocidad. Volviendo al ejemplo del radar de El Palo: ahora, el dispositivo se activa a partir de 80 km/h, que es el máximo permitido en ese tramo de la autovía, pero no empieza a multar hasta los 88 km/h. Las cuentas están claras: 88-7=81.

Para saber el margen de denuncia de los radares situados en zonas limitadas a 100, 110 o 120, basta con hacer un sencillo cálculo: multiplicar la velocidad real por 0,93. En adelante, la multa en esos tramos llega a partir de 109, 120 y 131, respectivamente.

Aunque la 'operativa 7' se ha puesto en marcha ahora para toda España, la DGT hizo una primera prueba piloto el pasado verano en Galicia. La velocidad de denuncia del radar situado en la avenida Alfonso Molina, la principal vía de entrada a La Coruña, se modificó sorpresivamente este verano, pasando a sancionar a todo aquel que superara los 88 km/h. La medida provocó una oleada de protestas, ya que la mayoría de los conductores estaban acostumbrados al margen de gracia de siempre y creían que la foto sólo saltaba a partir de 100. El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, asegura que algunos subsectores de la Guardia Civil de Tráfico -como los de León o Asturias- también recibieron instrucciones sobre la 'operativa 7' el pasado verano y la vienen aplicando desde entonces.

Tráfico también experimentó a finales de agosto con los radares de tramo de Las Pedrizas, bajando el límite a partir del cual empezaban a multar. El resultado no pudo ser más doloroso para el bolsillo del contribuyente. Hubo decenas de miles de multas. De hecho, el propio Gobierno reconoció, en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que los dos radares de la autovía A-45 recaudaron 1,5 millones de euros en multas en sólo unos meses del año pasado, es decir, casi el 40% del total de la provincia, donde hay una veintena de dispositivos.

Medida recaudatoria

El secretario general del PSOE en Málaga subraya que la DGT ha cobrado 24 millones de euros en multas impuestas entre noviembre de 2011 y octubre de 2014 por los radares de la provincia, que se ha convertido en la cuarta de España donde más dinero se obtiene por esta vía. «El obierno está haciendo caja a costa de los malagueños. Entendemos la instalación de radares como medida preventiva, pero no recaudatoria», recalca Heredia.

A juicio del diputado socialista, el aumento de las denuncias obedece a dos razones. La primera, por la reducción del margen de sanción de los cinemómetros ('operativa 7'). Y la segunda, por la reubicación de los radares y la instalación de estos dispositivos en tramos cada vez más largos. «El Gobierno debe explicar qué criterio sigue para elegir el lugar donde se ubican, porque no siempre son puntos negros o zonas conflictivas», asevera.

El presidente de Automovilistas Europeos considera que la 'operativa 7' no está justificada por la siniestralidad, sino por un «claro afán recaudatorio» de la Administración. Con los datos en la mano, «los españoles hemos corrido más en 2014 y, sin embargo, ha habido menos accidentes». En 2012, la velocidad media en carreteras secundarias, donde hubo 251 muertos, fue de 78,4 km/h. En 2014, fue de 80,1 km/h, con 194 víctimas, según los datos que maneja AEA. «La ecuación velocidad-fallecidos no siempre se cumple», opina Arnaldo, quien apunta que el año pasado hubo cinco millones más de desplazamientos.

Para este representante de los conductores, el problema es que los límites no son reales: «Se abusa mucho de la velocidad genérica, el café para todos, y el ciudadano no los percibe como creíbles. Los radares deben instalarse con un criterio de prevención, no de recaudación. El último recurso debe ser la multa». Arnaldo también se muestra muy crítico con la falta de información por parte de la DGT. De hecho, este periódico contactó con la Jefatura Provincial de Tráfico para ampliar más datos sobre el nuevo sistema, pero rehusaron pronunciarse sobre estos extremos. «El usuario -concluye el presidente de la AEA- estaba acostumbrado a que antes, yendo a 60 km/h (en un tramo de 50), no pasaba nada y ahora se encuentra con una colección de multas. Tendrían que haber hecho una campaña para advertir del nuevo criterio sancionador, y no aplicarlo a traición».